La pieza (incómoda) que falta en la reducción de la jornada laboral
“Estoy segura de que lo vamos a lograr”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al anunciar su compromiso de reducir la jornada laboral. Esta vez, a diferencia del intento fallido de 2023, el gobierno ha tomado el control del proceso. La Secretaría del Trabajo conducirá los foros, convocará a los sectores y presentará una nueva ruta. Pero entre el entusiasmo político y la demanda social por más tiempo libre, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cómo acompañará el Estado a las empresas para que puedan cumplir con este gran cambio?
En Chile, una reforma similar tomó seis años para ver la luz. Pero cuando finalmente se aprobó en 2023, lo hizo con tres pilares: descanso efectivo, gradualidad con responsabilidad económica y diálogo social. “La legitimidad de una reforma como esta requiere un acuerdo social y político fuerte”, dijo Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo chileno, en entrevista para El Economista.
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“Reducir la jornada laboral requiere un acuerdo social y político fuerte”
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El gobierno chileno entendió que reducir la jornada laboral no se trata sólo de quitar horas al calendario, sino de transformar procesos, adaptar turnos y rediseñar formas de producir. Y para eso, ofreció algo que en México parece ser un tabú en los últimos dos gobiernos: incentivos para la iniciativa privada. Allá, las pequeñas y medianas empresas que se han adelantado en la implementación han obtenido beneficios concretos. Aquí, ni en este sexenio ni en el anterior se ha considerado algo similar… ni en la pandemia ni en ninguna de las 15 reformas laborales que se han aprobado.
Como lo explicó Giorgio Boccardo, el sello “40 horas”, otorgado en Chile a empresas con buenas prácticas laborales, no ha sido sólo un reconocimiento simbólico. Se convirtió en un pase de entrada a políticas públicas que facilitaron el cumplimiento gradual de la ley. En México, mientras tanto, el discurso oficial se ha limitado a anunciar voluntad y gradualidad, pero sin esbozar todavía ideas que hagan viable esa transición para las más de 5 millones de pymes y micronegocios que sostienen el empleo en el país.
El 72% de las personas ocupadas en México trabaja en empresas medianas, pequeñas o micro. Según la ENOE, más de un cuarto de las personas con un empleo subordinado laboran más de 48 horas semanales. Para muchas unidades productivas, recortar jornadas sin apoyo puede significar perder competitividad o informalizar más puestos. ¿Se va a legislar pensando en ese universo?
No es que los empresarios no deban asumir su parte. Pero una reforma laboral de este calibre, que apunta a cambiar una estructura histórica del trabajo, exige una política pública coherente, mucho más cuando todo apunta a que durante los próximos años las empresas tendrán que reducir dos horas por año sus jornadas para cumplir con el objetivo de llegar al 2030 con 40 horas semanales. Incentivar la inversión en tecnología, apoyar la capacitación del personal, facilitar contrataciones formales y establecer esquemas fiscales diferenciados no son concesiones, son condiciones para que la reforma funcione.
El riesgo de avanzar sin estos mecanismos es doble: que la reforma se diluya en excepciones sectoriales o que termine incumpliéndose de facto, especialmente en los márgenes de la economía formal. En el mejor de los casos, el resultado será desigual; en el peor, será regresivo.
La experiencia chilena demuestra que sí se puede: su tasa de informalidad bajó, la productividad no cayó y la ciudadanía respaldó ampliamente la medida. Pero ese éxito no fue espontáneo. Fue producto de una estrategia construida con base en acuerdos, evidencia y responsabilidad. En México, todavía estamos a tiempo de evitar el error de pensar que sólo basta con legislar.
Reducir la jornada laboral es una oportunidad histórica para dignificar el trabajo en México. Pero si no se corrige la omisión que se ha hecho común en los últimos años –la falta de acompañamiento a quienes generan empleo–, la pieza que falta puede terminar desajustando toda la maquinaria. ¿Tiene el gobierno la voluntad de llenar ese vacío o volverá a pedirle a las empresas que lo resuelvan solas?
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