La otra traición de Pérez Dayán

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Los efectos del fraude contable articulado en Petróleos Mexicanos son igualmente graves e irreversibles, que resarcibles. Tras años de colocar el verdadero pasivo debajo del tapete, usando una y mil argucias, hoy, la petrolera ha quedado expuesta en cuanto a que, tanto las cifras publicadas, como las reveladas a la Securities and Exchange Commissión (SEC) han sido brutalmente manipuladas. Aun no se sabe de qué tamaño es el boquete, pero es claro que rebasa la capacidad de pago de la arruinada paraestatal, volviéndole inmanejable e inviable.

A primera vista, parecería que sólo los titulares de la Dirección Corporativa de Finanzas, y quienes suscribieron los formatos de revelación ante las autoridades financieras los que resultan responsables, claro, junto con el Director General de la entidad pública del que dependieran, esto, desde el año 2005, pero, en realidad, quienes deben dar cuenta por el quebranto son muchos más que sólo ellos. Muchos piensan que no rendirán cuenta ante los mercados, y que pueden escapar a las autoridades ejecutivas y judiciales del gobierno de Estados Unidos, pero, curiosamente, suelen tener a buen recaudo importantes caudales y activos en aquel país. Albergan sus fortunas allá, pensando que así, de ser señalados en México, podrían salvaguardar lo mal habido, a grado tal, que algunos de ellos viven de ese lado y hasta trabajan para las empresas que en algún momento beneficiaron abusando del puesto. En primera instancia habrá que analizar la conducta y proceder de quienes han integrado el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, dado que ellos, en muchos casos fueron, y siguen siendo, cómplices pasivos de las tropelías organizadas por los funcionarios operativos. Muchos de éstos no son sino nuncios de las dependencias controladoras, dado que son designados, recomendados, o, de plano, impuestos, por la Secretaría de Energía o la de Hacienda y Crédito Público. El decir que los consejeros, bien sean dependientes, independientes o nominados por la representación gremial, librarán responsabilidad por sólo haber tomado conocimiento, sin haber externado voto a favor o en contra, será inútil, dado que no se trata de una responsabilidad administrativa, sino criminal, en la que, con saber, basta. Es evidente que el caso más destacado, y de inevitable de escrutinio, es el de Juan José Suárez Coppel quien ha jugado todas las bases del pernicioso juego, al haber sido Director de Finanzas, Director General, proveedor, consultor, y hasta funcionario de una de las empresas que está directamente implicada con la desaparición de cuantiosos recursos públicos que debieron destinarse a la optimización de la planta industrial que perteneciera a Agronitrogenados. Su reprochable desempeño en contratación de seguros, y en el crecimiento de las empresas que operaron con facturas un oscuro y lesivo negocio, le hace el declarante clave en prácticamente todas y cada una de las investigaciones a ser llevadas al cabo por el Departamento de Justicia. Ramírez de la O mucho tendrá que decir en cuanto al trasiego ilegal de crudo y combustible refinado, así como respecto a los libros paralelos de Deer Park, siendo inevitable aclare si, en efecto, designó a un pariente en primer grado como manejador de las turbias finanzas de esa instalación industrial. De ser el caso, debe explicar la formación de abruptas fortunas en su círculo más cercano. El quebranto es monumental, y ciertamente impagable para la presente administración, la que sólo tiene dos caminos, cooperar y llevar a los responsables ante un juez, buscando el cómo los activos residuales compensan, repararan y resarcen a los afectados, o bien, enfrentar una quiebra hostil, asumiendo el pago de la responsabilidad patrimonial del estado por haber sido omiso y negligente, no sólo en el nombramiento de funcionarios, sino por encubrirlos y prestarles las facilidades necesarias por atracar al público inversionista, particularmente, el que se encuentra más allá del Bravo. Esto, sin contar, los innumerables abusos orquestados institucionalmente en agravio de proveedores y contratistas, de la extinta industria de procura petrolera. En todo ello, ya es evidente que ha mediado la colaboración y dolosa intervención de unidades administrativas, sin las cuales no hubiera sido posible que Pemex hoy deba más de lo que, en su justa apreciación, vale. Tales personajes fueron instrumentalmente esenciales en el engaño articulado, especialmente para hacer posible el emitir papel en el extranjero. Destacan dos funcionarios, el Auditor Superior de la Federación y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin ellos, la manipulación contable, operativa, financiera, y la operación de una estructura paralela que hace las veces de lavadora financiera, simplemente no hubiera sido posible. La forma dolosa en que ha operado la petrolera desde que Suárez Coppel puso un pie en esa empresa, surte, una a una, las conductas proscritas por la Federal Corrupt Practices Act, y por la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. A la fecha, continúa colocando deuda en el exterior, a sabiendas de que las solicitudes y reportes contienen información no engañosa, sino completamente manipulada, sesgada y perversamente falseada, colocando a la SEC en una posición muy compleja, conocida como el dilema del regulador, dado que se enfrenta a una situación en la que, el detener el acceso a los mercados develará la condición ruinosa e inviable del emisor, provocando el registro de pérdidas. Por otro lado, el continuar le hace cómplice del mecanismo. Ambos escenarios ya alcanzan proporciones catastróficas. Uno se preguntara cómo es posible que todo el aparato gubernamental no advierta, no detecte, o peor aún, no evite que un proceso delictivo de ese tamaño ocurra a lo largo de dos décadas. Sin embargo, debe decirse que el andamiaje legal estadunidense, e incluso, el mexicano, fueron claramente transgredidos, y que todos los controles fueron burlados, evadidos o anulados, por cínicos y descarados actos de corrupción, connivencia y complicidad. La estructura criminal fue puesta a prueba, esto es, a pasar el escrutinio judicial. En ese momento, todos los involucrados y enriquecidos por la organización delictiva, como por arte de magia, se articularon. Se pusieron de acuerdo y aportaron importantes cantidades y presiones para mantener la irregular maquinaria operando en favor de los peores intereses. Fue así como que llegó la revisión de la supresión y elusión de los controles legales y reglamentarios de financiamiento, procura y pago de pasivos de Pemex al escritorio de Gelasio Pérez Dayán, en un abultado expediente que tomó años de integración en un Tribunal Colegiado. Su llegada convocó a oscuros personajes que entramaron una “atracción pactada”, éstos, cayeron en blando. Para el más impresentable de los ministros fue cosa sencilla, en menos de una semana, abrogó, derogó y desconoció la vigencia, exigibilidad y oponibilidad de los controles previstos por el legislador federal, otorgando una patente de corzo, no sólo para seguir robando, sino para poner las infaustas condiciones que nos han traído al atraco que constituye el mayor desfalco de las finanzas públicas.

Qué podrían decir del más ridículo y funesto proyecto de sentencia que, entre sonrisas, aprobaron el inefable ministro Medina Mora, quien ya no sabía qué ofrenda entregar al gobierno, en su muy comprometida y deleznable situación, o bien, Javier Laynez, indiscutiblemente responsable, en buena medida, de la irregularidad, así como incondicional cómplice de Luis Videgaray en la “operación maquillaje”. Ambos, lejos de abstenerse, apresuraron a poner una lápida sobre el expediente, eludiendo hacer una revisión seria, profesional y técnica del tema. En la empresa corrupta y fraudulenta que ha llevado a Pemex a tener en la más aberrante opacidad el verdadero pasivo, tanto financiero, como de procura, no sólo debe verse hacia adentro de la corporación criminal, sino hacia todos esos personajes que pusieron y contribuyeron con lo necesario para crear el más profundo hoyo negro en el que, hoy, las finanzas nacionales enfrentan su peor episodio. La SEC se enfrenta ya a un hecho notorio y público, No podrá seguir diciendo que confía en las manifestaciones y declaraciones hechas por funcionarios de muy dudosa credibilidad. Es público que mienten. El balance que omite el mayor fraude contable del que se tenga memoria, no está ya a discusión, y aprobar nuevas colocaciones daña y tacha a quién no las cuestione. ____ Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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