La justicia mexicana, atrapada en su propia fragilidad

La justicia en México no está rota. Está diseñada para resistir el cambio, y esa resistencia no es fortuita: es producto de una arquitectura institucional que privilegia la opacidad, la discrecionalidad y la simulación.

La reciente reforma judicial prometía modernizar el sistema. Pero mientras se crean nuevos órganos -como el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano de Administración Judicial-, los viejos vicios se reciclan con nuevos nombres. ¿De qué sirve rediseñar estructuras si se mantienen las mismas lógicas de captura política y control vertical?

La supuesta legitimidad electoral de jueces y magistrados se ha convertido en una fachada que oculta un vacío de poder real, incompetencia técnica y una peligrosa politización que amenaza con desmantelar la independencia judicial.

La fuga masiva de personal técnico no es casualidad ni simple renuncia: es un síntoma de un sistema que se desmorona desde adentro. Asesores y especialistas huyen de un ambiente tóxico donde la presión política y la falta de autonomía son la norma. La calidad de la justicia está en juego, y con ella, la confianza ciudadana.

La fragilidad institucional del Poder Judicial no se mide por la cantidad de leyes, sino por su incapacidad para garantizar justicia imparcial. Hoy, los mecanismos de control interno son débiles, los procesos disciplinarios opacos y la carrera judicial sigue marcada por el nepotismo. La Contraloría del Poder Judicial, que debería ser un contrapeso técnico, opera sin autonomía real ni capacidad de fiscalización profunda.

Lo más preocupante es la cultura judicial que normaliza la simulación. Se cumple con la forma, pero se elude el fondo. Se sanciona al débil, se protege al aliado y se maquilla la estadística. Esta lógica reproduce la impunidad y erosiona la confianza ciudadana.

Otros países han enfrentado este dilema con reformas audaces. En Suiza, por ejemplo, los jueces disciplinarios son nombrados por el Parlamento bajo reglas claras y previsibles. En México, en cambio, los nombramientos siguen siendo negociaciones opacas entre élites judiciales y políticas.

La solución no está en más reformas cosméticas. Se necesita rediseñar el sistema con base en principios de transparencia, participación ciudadana y evaluación externa. La justicia no puede seguir siendo un feudo cerrado. Debe abrirse al escrutinio público y rendir cuentas con indicadores verificables.

Querido lector, la fragilidad institucional del Poder Judicial no es un accidente; es una decisión política. Hasta la próxima.