La Haya declara que los Estados son legalmente responsables por la crisis climática
La era de la responsabilidad climática comienza a construirse, pues en un fallo histórico que promete redefinir el panorama jurídico global y acelerar la acción climática, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su primera Opinión Consultiva sobre el clima, declarando que los Estados son legalmente responsables de sus emisiones y deben compensar a las naciones y comunidades vulnerables por los daños causados por el cambio climático. Esta decisión, con implicaciones profundas para gobiernos, empresas e inversores, marca un punto de inflexión en la lucha global contra la crisis climática.
Un mandato del más alto tribunal del mundo
La Opinión Consultiva, basada en el Derecho Internacional vinculante, establece un nuevo estándar para la obligación de los Estados de proteger el sistema climático. El Juez Iwasawa Yuji, presidente de la CIJ, enfatizó la gravedad de la situación, afirmando que “se trata de una preocupación de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida”. Con esta declaración, el tribunal busca que sus conclusiones “permitan al derecho informar y orientar la acción social y política para resolver la actual crisis climática”.
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es la limitación de la discrecionalidad de los Estados en la progresión de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). El Juez Iwasawa Yuji fue categórico al señalar que las partes del Acuerdo de París están obligadas a ejercer la debida diligencia y asegurar que sus NDC cumplan con sus obligaciones. “En el contexto actual, debido a la gravedad de la amenaza que supone el cambio climático, el estándar de diligencia debida que debe aplicarse en la preparación de las NDC es estricto”, sentenció. Esto implica que cada Estado debe “hacer todo lo posible para garantizar que las NDC presentadas representen su mayor ambición posible para alcanzar los objetivos del Acuerdo”.
La CIJ también fue explícita en cuanto a la responsabilidad por la inacción. El tribunal dictaminó que “el hecho de que el Estado no adopte las medidas apropiadas para proteger el sistema climático de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incluso mediante la producción de combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias de exploración de combustibles fósiles o la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles, puede constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado”.
Quizás una de las declaraciones más esperadas y de mayor impacto fue la referente a los daños climáticos. El Juez Iwasawa Yuji sentenció que “en caso de que la restitución resulte materialmente imposible, los Estados responsables tienen la obligación de indemnizar”. Esta declaración abre la puerta a un nuevo paradigma de reparaciones climáticas, exigiendo a los contaminadores históricos la reducción de sus emisiones y la compensación a las comunidades más afectadas.
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Un impulso para la justicia ambiental
El pronunciamiento de la CIJ se perfila como un catalizador para una reacción en cadena en el litigio climático a escala mundial. Se espera que los tribunales de todo el mundo hagan referencia a esta Opinión Consultiva en sus próximas decisiones, fortaleciendo los argumentos jurídicos en los litigios actuales y futuros sobre el clima, especialmente aquellos dirigidos contra empresas demandadas, como las compañías de combustibles fósiles. La Opinión Consultiva aclara que el Derecho Internacional exige algo más que la acción voluntaria, reafirmando la primacía de la ciencia climática y ofreciendo una oportunidad para revitalizar las conversaciones mundiales sobre el clima con una claridad jurídica sobre derechos y responsabilidades.
Este dictamen representa una victoria trascendental para la campaña innovadora concebida en 2019 por estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico Sur. En colaboración con el Gobierno de Vanuatu, Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y World’s Youth for Climate Justice (WYCJ), se logró una votación unánime en las Naciones Unidas para solicitar la opinión, con el apoyo de más de 1500 organizaciones.
Con ello la Corte rechazó contundentemente los argumentos de países como Estados Unidos y el Reino Unido, que sostenían que los gobiernos solo estaban obligados por tratados climáticos como el Acuerdo de París y no por obligaciones más estrictas del derecho internacional. Este fallo se considera un impulso significativo para las negociaciones en la próxima Cumbre COP30 en Brasil este noviembre.
Reacciones desde América Latina
La decisión de la CIJ ha sido recibida con entusiasmo y un renovado sentido de esperanza en América Latina, donde la crisis climática golpea con especial fuerza a comunidades vulnerables.
Mariana Campos Vega, coordinadora para América Latina de World’s Youth for Climate Justice (México), expresó: “Para las juventudes y comunidades vulnerables, la decisión de la CIJ nos da herramientas para exigir un futuro habitable. Los grandes emisores ya no tienen excusa para postergar la acción climática”. Sus palabras encapsulan el sentir de una generación que ha heredado una crisis y ahora ve una vía legal para exigir soluciones.
Desde Chile, Mariana Cruz, directora ejecutiva de CEUS Chile, destacó el momento como “un paso crucial para fortalecer el Derecho Internacional ambiental y avanzar hacia una transición justa con enfoque en justicia climática”. Cruz enfatizó que la acción climática no puede desvincularse de la garantía de derechos, haciendo un llamado a los Estados para que asuman esta opinión consultiva como “un mandato ético y jurídico”
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Laura Restrepo Alameda, oficial de Incidencia de Climate Action Network Latin America (CANLA) en Colombia, fue contundente al afirmar: “La Corte dejó un mensaje claro: los Estados tienen la obligación jurídica y moral de proteger a las personas —no a los intereses— ante el colapso climático”. Para Restrepo, este dictamen marca un punto de no retorno, elevando la crisis climática a una “violación sistémica de los derechos humanos más fundamentales”.
En Costa Rica, Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, subrayó que “Las obligaciones legales son la base mínima para la acción climática. La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia reafirma la responsabilidad de los Estados de reparar el daño”. Martínez ve el fallo como un “deber de reformar y resetear la gobernanza climática”, instando a que la COP30 abra el camino hacia la justicia y las reparaciones climáticas.
Finalmente, Ashfaq Khalfan, director de Justicia Climática de Oxfam América, celebró la victoria de los jóvenes defensores del clima que llevaron su lucha desde Vanuatu hasta el tribunal más importante del mundo y fue directo al abordar la posición de Estados Unidos: “Los intentos de la administración Trump de eludir las obligaciones climáticas violan el derecho internacional. El fallo de la CIJ deja claro que todos los países, incluido Estados Unidos, tienen el deber legal de reducir las emisiones, brindar apoyo a otros países y proteger a las personas del daño climático. Abandonar el Acuerdo de París no elimina esa responsabilidad ni hace que la crisis sea menos urgente”.
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