La elección judicial a juicio
Recientemente, el ministro en retiro José Ramón Cossío y el maestro de ciencia política Jorge Alberto Medellín Pino, hicieron público un estudio detallado sobre la elección judicial, llevada a cabo recientemente. Como siempre el ministro Cossío ha entregado un trabajo pertinente, elaborado con gran maestría y con argumentos contundentes.
Desde la perspectiva de morena, sus aliados y el gobierno la elección fue todo un éxito, a pesar de que solo el 12% acudió a las urnas y el 30% de los que salieron a votar, nulificaron su voto tachando todas las boletas o poniendo en ellas frases que denotaban gran malestar ciudadano. Por alguna razón la elección no sólo no convocó a la participación, una buena parte del electorado avistó en dicha elección un fraude a la voluntad ciudadana, a la certeza jurídica y a la confiabilidad de los resultados.
Podría hacer un resumen detallado de las cosas encontradas en dicho estudio, pero prefiero que hablen sus autores: “Los hallazgos presentados en este informe conducen a una conclusión inequívoca: la elección judicial de 2025 constituye un fraude electoral de carácter estructural y deliberado. El comportamiento homogéneo registrado en las tres elecciones nacionales —Ministros, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral— presenta un patrón idéntico de votación, que se reproduce con tal regularidad y simetría que resulta estadísticamente imposible en un escenario de sufragio libre y auténtico. Esta uniformidad anula la presunción de espontaneidad ciudadana y revela, en cambio, una operación orquestada para imponer resultados prediseñados. Validar este proceso como legítimo no solo vulnera la legalidad, equidad y certeza electoral, sino que abre la puerta a la normalización de prácticas que socavan los fundamentos mismos de la democracia constitucional”. El estudio en efecto ofrece pruebas irrefutables de tendencias imposibles de lograr en una elección normal, concentradas en los estados más Morenista del país (Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Estado de México, CDMX) en dichos estados, la participación se mostró desde 2 hasta 3 veces mayor que en el resto del país.
Siguen los autores: “La elección judicial fue, en términos democráticos, un fracaso rotundo, no solo por su bajísima participación ciudadana, sino por el tipo de voto que predominó. En lugar de una deliberación libre e informada, lo que se advierte es un voto corporativo o clientelar, ejecutado mediante el uso masivo de acordeones. Esta práctica revela que la mayoría de quienes participaron lo hicieron bajo directrices preestablecidas, lo cual vacía de contenido el ejercicio democrático y profundiza la ilegitimidad del proceso”.
Si la elección judicial de 2025 hubiera sido libre y auténtica, sin intervención de estructuras clientelares ni el uso de acordeones, el comportamiento de la votación habría reflejado una dispersión natural y esperada entre los 64 candidatos (a ministros, por ejemplo). En un escenario de sufragio genuino, cada distrito judicial habría mostrado preferencias diversas, fluctuaciones y variabilidad en los resultados, producto de decisiones individuales e independientes. Sin embargo, lo que se observó fue un patrón homogéneo, replicado casi de forma mecánica en todo el país, con los mismos nueve candidatos imponiéndose sistemáticamente. Esta uniformidad no es indicio de consenso ciudadano, sino evidencia de imposición estructurada, que elimina la posibilidad de competencia real y priva de legitimidad al proceso. La ausencia de dispersión es, por tanto, la principal señal de que la elección no fue ni libre ni auténtica”. Sino una simulación que vestida de democrática, no sólo impuso a los jueces, magistrados y ministros que quiso, sino que lo hizo de manera deliberada, en un solo acto y al servicio del propio oficialismo, habrá que empezar a observar sus resoluciones y entonces emitir un juicio comprobatorio. Nada más, pero nada menos también.
