La DEA, de operar armada en México al rechazo constitucional
Las series de televisión y películas estadounidenses han construido durante décadas una imagen distorsionada: la de Estados Unidos como el país bueno que libra batallas justas contra los “malos”, en las que los agentes del FBI y la DEA aparecen como héroes con carta blanca para actuar extralegalmente en cualquier parte del mundo. Esa narrativa, con fines propagandísticos internos, oculta un hecho esencial: ningún país soberano permite que agentes extranjeros actúen libremente en su territorio.
Esa ficción refleja lo que efectivamente ocurrió en México de 1988 a 2018, cuando la DEA operó casi como si estuviera en su propio país. Sus agentes participaron en operativos, investigaron en campo e incluso actuaron en zonas fronterizas sin notificación previa, muchas veces entrando armados como si tuvieran jurisdicción propia. El caso más grave fue en 1999, en Matamoros, cuando un operativo de la DEA provocó un enfrentamiento con fuerzas mexicanas que ni siquiera sabían de su presencia. Con Felipe Calderón, se abrió la puerta a una cooperación más estrecha y con Enrique Peña Nieto la relación se mantuvo, aunque bajo mayor discreción. En la práctica, la DEA gozó de márgenes de acción tan amplios que parecía operar en México con la misma libertad que en EU.
Ese pasado explica por qué con AMLO la relación se tensó al extremo. La detención en 2020 del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles y sin aviso al gobierno mexicano, impulsó cambios legales que limitan severamente la presencia de agentes extranjeros. Desde entonces, la cooperación bilateral quedó marcada por la desconfianza.
Con esa herencia envenenada llegó Claudia Sheinbaum a la Presidencia. Meses después se reformaron los Artículos 19 y 40 constitucionales para prohibir la actuación de agentes extranjeros en México, salvo autorización formal y supervisión directa de las autoridades nacionales. Fue un blindaje que cerró los márgenes de maniobra que antes tuvo la DEA.
En ese marco, el anuncio de la DEA sobre el “Proyecto Portero” cayó como una provocación. EU lo presentó como iniciativa conjunta contra los cárteles, pero en México la presidenta negó la existencia de algún acuerdo con la DEA.
Sheinbaum insistió ayer, en su mañanera, que los límites impuestos a agentes extranjeros siguen vigentes. Reiteró la buena relación con EU y la colaboración en seguridad, pero subrayó que “México es un país libre, independiente y soberano” que colabora, se coordina pero no se subordina. También recordó que cualquier agente extranjero que no respete la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional puede ser sancionado.
Lo que en otro momento habría quedado como un mero desencuentro técnico se convirtió en un diferendo diplomático. El contraste con la ficción mediática es evidente: la DEA puede seguir apareciendo en series como una fuerza global que cruza fronteras a voluntad, pero en la realidad enfrenta muros jurídicos, diplomáticos e institucionales. El “Proyecto Portero” no es un malentendido burocrático, sino el resultado de décadas de fricciones acumuladas y de un cambio constitucional que marcó un antes y un después. México ha trazado una línea clara: la cooperación es posible, pero la soberanía no es negociable.
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