La autonomía a prueba

En el año 2024 se cumplieron 30 años de la autonomía institucional del Banco de México. Un lapso prolongado en el cual solo durante los inicios de la segunda década del siglo que corre tuvieron que desplegarse esfuerzos para la defensa del concepto. La tarea corrió a cargo de la administración que encabezó Alejandro Díaz de León (2019–2021) con el respaldo de la Junta de Gobierno.

Fueron cuatro los episodios en que tuvo que desplegarse esa defensa, sobresaliendo el relativo a las presiones que se dejaron sentir para que el Instituto Central redujese de forma discrecional las tasas de interés. En los argumentos que se esgrimieron para tal defensa, sobresalió aquel de que la reducción artificial de las tasas solo podía alcanzarse temporalmente y que la insistencia en el fútil intento resultaría exactamente en lo contrario. En una elevación de las tasas tanto nominales como reales, por la intensificación irremediable de las presiones inflacionarias.

También difíciles de resistir y de disuadir fueron las presiones que afloraron para que, al menos en parte, la reserva internacional se utilizara para amortizar deuda gubernamental. En reacción, con todo cuidado las autoridades del Banco de México explicaron que en el neto la disponibilidad de dicho activo en fresco no existía. Desde un punto de vista contable, las divisas con las que se integra esa reserva se pagan mediante un pasivo en la forma de billetes y monedas emitidos. El concepto únicamente se aparecía como disponible para un tuerto, quien solo podía visualizar el lado activo del balance.

En orden de menor importancia, se recibió también la menos peligrosa pretensión de transferir a la Secretaría de Hacienda el aumento de la cuenta a cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en favor de México, denominada en Derechos Especiales de Giro (DEG). Cuando la solicitud se recibió en el Banco de México, se despertó entre las autoridades institucionales una gran incredulidad. Era difícil de procesar que en los círculos de economistas gubernamentales no se entendiera que la medida anunciada tan solo se refiriese a la ampliación de una línea de crédito, la cual era deseable tener, mas nunca utilizar.

Y la última manzana de la discordia derivó del saldo anual de resultados del Banco de México, denominado técnicamente “remanente de operación”. ¿Por qué armar lío por un concepto que de todas maneras va a dar a manos del fisco en la forma de un renglón positivo en la Ley de Ingresos? El tema detonó debate, tal vez por la insistencia en disponer de dicho saldo antes de tener los EE. FF. debidamente dictaminados. O por suponer, equivocadamente, que la determinación de su monto era a discreción de la institución.