La amenaza arancelaria cae como anillo al dedo al gobierno

Muchos críticos del gobierno de López O. opinan que esta administración está haciendo las cosas mejor, al menos en algunas áreas. Destacan, por ejemplo: la diligencia y frialdad con la que ha afrontado las tarifas de los EU a las exportaciones de México, y amenazas conexas relacionadas; una mejor estrategia frente al crimen organizado; y en menor medida la presentación del “plan México”. En cierta forma, el reconocimiento se justifica, aunque parcialmente.

En cuanto a los aranceles, habrá que esperar. El resultado parecía favorable para México y Canadá en comparación con otros países, pero la reducción o pausa de las tarifas “compensatorias” a ellos dejó al sector automotriz mexicano con el mismo daño relativo al disrumpir sus cadenas de oferta. Posiblemente las exportaciones de vehículos a Estados Unidos enfrentarán aranceles efectivos de alrededor de 15%, pero falta ver cómo se implementarán, así como a las partes automotrices (tarea que parece irracionalmente complicada).

Frente a la inseguridad pública, la acción más firme a nivel federal es encomiable (lo menos que se podía esperar después de 2019-2024). Pero falta encarar problemas importantes, que requieren más recursos. El gasto público para orden y seguridad públicos bajó 13% real entre 2019 y 2024 y el presupuesto para 2025 prevé una caída adicional de más de 10%. Los fondos transferidos a los estados para seguridad pública —aportaciones federales y convenios (INEGI)— disminuyeron 35% entre 2018 y 2023, cuando la inseguridad gravita fuertemente en los niveles subnacionales.

El Plan México genera cierto optimismo, especialmente en parte del empresariado. Propone abrir algunas oportunidades antes cerradas al sector privado mediante proyectos mixtos y generación eléctrica, y anuncia la depreciación acelerada para inversiones, entre otros puntos. No obstante, abundan los objetivos y los “cómos” son escasos. Más aún, el plan no se centra en los problemas de fondo que impiden la inversión y el crecimiento económico (como se describe en la entrega del pasado 21 de enero de esta opinión).

En mayor o menor medida, estos puntos generan reconocimiento a la presidenta en círculos fuera de su clientela política y son potencialmente compatibles con la inversión y crecimiento en la presente incertidumbre.

Pero la situación de la economía mexicana exige una política pública más decidida ante la inercia presente y las dificultades a futuro. El CEESP subraya la desaceleración de la actividad económica hoy y la insuficiencia de la estrategia a futuro (en “precriterios 2026”), para facilitar el evidentemente necesario ajuste de las finanzas públicas y la recuperación económica. Preocupación ampliamente compartida.

No obstante, el gobierno parece conforme. Su política procrecimiento es tibia o negativa, cuando debería ser decidida y facilitadora. Se empeña neciamente en cumplir el “plan C” de su antecesor, que en su mayoría daña la confianza, la inversión y el Estado de derecho y es fiscalmente irresponsable.

El tema arancelario distrae la atención de los problemas y riesgos internos de la economía. Parecido a AMLO, cuando dijo que el COVID cayó como anillo al dedo.