Jueza Preska niega suspensión a gobierno de Milei sobre YPF

La expropiación de la petrolera argentina YPF en 2012 fue el inicio de una disputa entre el Estado argentino y los fondos Burford, Eton y Bainbridge. Pero este lunes se vivió un nuevo capítulo en el que el gobierno liderado por Javier Milei sufrió un duro revés.

La jueza estadounidense Loretta Preska resolvió en contra de Argentina y rechazó su solicitud de suspender la decisión que le ordenó transferir su 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park.

El Gobierno de Javier Milei había apelado al fallo la semana pasada y la magistrada norteamericana convocó a los incumbentes a una audiencia de emergencia.

De acuerdo el especialista argentino Sebastián Maril, la jueza argumentó en la resolución que “la República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República”.

A pesar de esta decisión, la defensa argentina tiene tres días más para presentarse ante una segunda instancia en la Corte.

En el escrito revelado por el especialista, Preska añadió que “la República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de ‘Turnover’, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”.

A raíz de esto es que: “se niega la moción de la República de Argentina de una suspensión adicional”, por ende, la suspensión actual se extiende hasta el 17 de julio “con el propósito limitado de dar a las partes el tiempo adicional para buscar alivio del Tribunal de Apelaciones”, argumentó.

Cristian Folgar, economista y exsecretario de Combustibles de Argentina, comentó a DFSUD que existe un argumento legal del Estado que “no puede hacer una negociación extrajudicial de un fallo que no esté firme y como el fallo está apelado no está firme y el Estado argentino no puede negociar” con los fondos.

En 2023, los fondos señalaron las acciones de YPF como una garantía de pago, ya que son un valioso activo que tiene el Estado argentino. Ante esta solicitud, la jueza “le pidió al Estado argentino que transfiriera las acciones al grupo ganador como parte del pago de las acreencias”.

Sin embargo, en dos años esto no ha sucedido y responde a que “operativamente la jueza no puede hacer más que el fallo porque las acciones de YPF, que son del Estado argentino, solo se pueden transferir con una ley del Congreso argentino (que lo autorice) y por más que la jueza le haya dado la orden al Estado, no puede hacerlo y la jueza no tiene las herramientas para hacer más que eso”.

Para Folgar, si Argentina decide finalmente devolver esas acciones, la duda que se plantea en el mercado es quién recibe esos papeles, y si ese dueño la vende en la bolsa o va por el 100% restante por el estatuto que establece que un accionista que quiere más del 15% de YPF debe ir en búsqueda del 100 por ciento.

Ya que el Congreso argentino es el que tiene que ceder las acciones mediante la creación de una Ley, Folgar señaló que existen otras alternativas posibles porque “creo que si el Congreso no aprueba las transferencias de las aciones, sencillamente las acciones no se van a poder transferir”.