Juez de Brasil cita a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por permanecer en Estados Unidos

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha presentado este lunes una citación judicial contra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que huye de la Justicia, a medida que continúa sin regresar de Estados Unidos, donde reside desde finales de febrero.
De Moraes ha señalado que Eduardo Bolsonaro está poniendo dificultades de manera deliberada para ser notificado de la denuncia que le impuso hace una semana la Fiscalía por delitos de coacciones en el caso que investigaba a su padre por golpe de Estado. El exmandatario finalmente fue condenado por estos hechos a más de 27 años de cárcel.
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Junto a esta citación, el magistrado ha pedido colaboración internacional para asegurar que el diputado es informado formalmente de la denuncia que presentó la Fiscalía contra él y el bloguero Paulo Figueiredo, quien también reside en Estados Unidos y es nieto de João Figueiredo, dictador de Brasil entre 1979 y 1985.
“No cabe duda de que el demandado, aun manteniendo su domicilio en territorio nacional, está creando dificultades para ser notificado”, ha dicho De Moraes con respecto al hijo de Bolsonaro, quien a diferencia de Figueiredo, no se le conoce residencia fija en Estados Unidos
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Para el juez es clara la intención del tercero de los hijos del expresidente por “eludir una posible responsabilidad judicial”, tal y como ha quedado “expresamente confesado” por lo que ha ido publicando en redes sociales.
Los dos están acusados de liderar una trama desde Estados Unidos para entorpecer las investigaciones por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro y su círculo cercano mediante sanciones a altos funcionarios brasileños e incluso apoyando la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump a las exportaciones.
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Esta citación judicial sirve para garantizar que los señalados en un proceso judicial reciben de manera oficial que están bajo el mismo. La etapa también es fundamental para garantizar el derecho a la defensa de los implicados.
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