INE cierra el caso Pío López Obrador; acusa limitaciones para investigar entrega ilegal de dinero

El Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó sancionar a Morena y a Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la posible recepción de aportaciones prohibidas, a raíz de un video de 2020 en el que se le observa recibiendo dinero en efectivo por parte de David León Romero, extitular de Protección Civil; el NE argumentó la falta de colaboración de las autoridades para recabar pruebas financieras.
El cierre de este caso se da a cinco años de que se difundiera un video en el que se observa a Pío Lorenzo López, hermano del exmandatario y a David León Romero, quien en el momento de la grabación se desempeñaba como operador político del Gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco, recibiendo sobres amarillos con dinero.
En las imágenes, se escucha al también extitular de Protección Civil del Gobierno de López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón de pesos), al tiempo que expresó: “Hazle saber al licenciado a través de tus medios que los estamos apoyando…el chiste es que él vea que hay apoyo”.
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Pese a esta evidencia, este jueves el Consejo General determinó cerrar la denuncia interpuesta por el panista Federico Doring Casar, quien exigió se abriera un procedimiento administrativo sancionador en contra de Morena, así como Pío Lorenzo López Obrador y David León Romero, por financiamiento ilícito.
Lo anterior, al declarar como infundados los señalamientos, pues no lograron acreditar transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares.
Se detalló que para investigar este caso, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al propio Partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los vídeos, incluidos a David Eduardo León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con León Romero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros.
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No obstante, el INE lamentó que autoridades como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se negó a entregar información solicitada, lo cual, advirtió la consejera Carla Humphrey, “representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación”.
Y es que la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización y encargada de esta investigación, señaló que a partir de la valoración probatoria, la investigación por parte de la unidad técnica, así como acciones de verificación de la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables, fiscales.
Además de analizar documentación, soporte y registros contables, incluso, agregó, tras realizarse peritajes técnicos al material audiovisual al video denunciado, de “nada de ellos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado.
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“Por lo tanto, la conducta no se acredita y esto otra vez nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización”, subrayó.
Durante la discusión del caso, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, acusó que este video “no se trata de anécdotas, se trata de corrupción a la vista de todos; hechos que no sólo fueron grabados, sino reconocidos por los protagonistas y admitidos por el vivo Presidente, quien dijo que era para financiar el movimiento”.
Por ello, criticó que pese a que quedó evidenciado un “esquema de aportaciones indebidas, de origen dudoso y con destino político-electoral”, no se reconozcan los hechos.
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