Independencia en el Tribunal de Disciplina sería limitada

Las cinco personas que se perfilan como magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen afinidad con el gobierno federal y ello pone en riesgo su independencia, coincidieron los expertos en materia judicial Laurence Pantin, Susana Camacho y Cristian López.

Camacho y López, coordinadora del Programa de Justicia de la organización civil México Evalúa y politólogo por la UNAM, especializado en materia de justicia, respectivamente, consideraron, sin embargo, que habrá que dar el beneficio de la duda al TDJ.

Pantin, directora de la organización civil Juicio Justo y coordinadora del Observatorio Judicial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), dijo no tener dudas de cómo se van a comportar Celia Maya García, quien presidiría el nuevo tribunal, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz Vázquez, “porque ya han demostrado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y sin tener sustento jurídico que su intención es perseguir a juzgadores que tomen decisiones contrarias al gobierno”.

“Con este tribunal lo que se busca es poder controlar, por el gobierno, a las personas juzgadoras (…) Está bastante claro que quedará conformado por personas muy cercanas al gobierno y a su movimiento”.

En su opinión, la afinidad gubernamental de los nuevos magistrados “tiene implicaciones muy fuertes en términos de cómo podrían realizar su trabajo” porque “las causales por las que se puede investigar y en su caso sancionar y hasta destituir al personal judicial y en particular a las personas juzgadoras por el TDJ son muy amplias y muy ambiguas”.

“Podrán investigar a personas juzgadoras por actos y omisiones contrarias a la administración de justicia, pero también a los principios de profesionalismo, independencia, imparcialidad y excelencia. Eso no está definido. ¿A qué se refieren los actos contrarios al profesionalismo? ¿A no llevar corbata, por ejemplo? Un aspecto problemático es que los conceptos son tan amplios que dejan la puerta abierta a una interpretación arbitraria”.

En referencia a Maya, De Gyvés y Bátiz, afirmó, las dos actuales consejeras del CJF y quien lo fue hasta diciembre pasado, llegaron al cargo a propuesta del expediente Andrés Manuel López Obrador por lo que “ya podemos presumir el papel que tendrán” en el TDJ porque en el CJF autorizaron, como parte de la mayoría favorable al gobierno, que la Fiscalía General de la República (FGR) “investigara a los juzgadores que ordenaron algunas suspensiones en contra de la reforma judicial”.

Los tres “ya han tomado decisiones muy cuestionables… y da una pista de qué decisiones tomarán”.

“Me preocupa la posibilidad que el papel del TDJ en lugar de que realmente vaya a sancionar actos de corrupción o indebidos, castigue a los jueces independientes”, expresó.

Pieza clave

Camacho explicó que el TDJ será el tribunal supremo del PJF, por sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y tendrá la posibilidad de nulificar criterios de ministros y de cualquier juez de carácter federal.

“Es muy notable que prácticamente todas las personas que conformarán el tribunal fueron propuestas por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, en particular Maya, De Gyvés y Bátiz fueron postulados al CJF por el expresidente López Obrador”.

Desde su óptica, “el riesgo es que cuando haya una resolución que incomode o sea contraria a los intereses del Congreso o del Poder Ejecutivo, integrados mayoritariamente por personas afines a Morena, el tribunal de tribunales estará en la posibilidad de sancionarlos”.

Para López, los tres magistrados mencionados, con probada experiencia en el ámbito judicial, pueden “ser pieza clave para darle legitimidad técnica al tribunal si dejan atrás el oficialismo”.

“La cercanía al oficialismo hace que volteemos un poco más a ver el funcionamiento del TDJ, órgano que es pilar de la reforma judicial’’, convocó; “el Poder Judicial necesitaba una reforma”.

La Constitución establece que “la disciplina del personal” del PJF “estará a cargo del nuevo tribunal”.

Celia Maya García 

Oriunda de Querétaro, nació el 4 de diciembre de 1949.

Es Licenciada en Derecho y en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Por la misma universidad es Doctora en Derecho y tiene tres maestrías: en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, Campus Puebla; en Impuestos y en Derecho, con especialización en Derecho Fiscal, por las facultades de Contaduría y Administración y de Derecho de la UAQ.

Propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde el 19 de septiembre de 2023 es consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), nombrada por cinco años, órgano que será sustituido por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Eva Verónica de Gyvés Zárate

Nació el 28 de febrero de 1961 en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad Ius Semper.

Es especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, en Amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad Ius Semper.

Fue consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que ocupó del 20 de noviembre de 2019 al 19 noviembre de 2024.

Indira Isabel García Pérez

Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima y Maestra en Derecho Corporativo y en Educación.

Cuenta con Especialidad en impuestos fiscales y en Calidad del Gasto Público.

Trabajó, entre diciembre de 2017 y diciembre pasado, en la Auditoría Superior del Estado de Colima, Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

Fue comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de Colima y coordinadora jurídica de la Contraloría estatal.

Así como actuaria, abogada de la presidencia y encargada de la Oficialía Mayor del Tribunal Electoral de Colima.

Bernardo Bátiz Vázquez

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

Designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue consejero del Consejo de la Judicatura Federal del 4 de diciembre de 2019 al 3 de diciembre de 2024.

En el 2000 fue designado López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, procurador de Justicia capitalino, cargo que desempeñó durante todo el sexenio lopezobradorista.

De 1970 a 1973 y de 1980 a 1983 fue secretario general del PAN.

Rufino H. León Tovar

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, Maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales y doctorante en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.

Del 1 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2021 fue Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del que actualmente es presidente de la Primera Sala.

En la Ciudad de México fue director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretario de Movilidad.