Impuestos con etiqueta saludable, gasto sin receta

En el paquete económico para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone un incremento a los impuestos que se pagan sobre el consumo de algunos productos identificados como nocivos para la salud, como los refrescos y el tabaco.

La presidenta Sheinbaum ha insistido que su propósito no es recaudatorio, sino que es una medida para inhibir el consumo. Si eso fuera así, entonces no se vería una proyección de elevar los ingresos por estas medidas en casi 137,000 millones de pesos (incluyendo los relacionados con apuestas y videojuegos con contenido violento).

Si se va a incrementar el ingreso tributario con esas medidas, es porque la demanda de esos productos es, como decimos los economistas, poco elástica, es decir, que consumo de un producto disminuye poco ante los incrementos de precio.

Pero la cosa no termina ahí. En un estudio publicado por Raymundo Campos y Eduardo Medina en el Latin American Economic Review se mostró que, en el caso mexicano, ante el aumento de un peso por litro en el impuesto a las bebidas azucaradas, el precio aumentó 1.12 centavos, y en el caso de las bebidas deportivas fue de 1.52 pesos por litro. Es decir, el aumento en el precio fue más que proporcional al aumento en el impuesto.

Esto es así esencialmente porque las compañías que comercializan estas bebidas tienen algo de poder de mercado. Si hay pocos competidores, las empresas pueden subir más sus precios sin perder compradores, y viceversa: con más competidores, la dispersión de precios es menor.

Además, no se puede obviar que este impuesto lo pagarán principalmente las personas que están en los deciles más bajos de ingreso, pues ellas consumen mucho más refresco que quienes tienen percepciones más elevadas. Hay comunidades donde es más fácil encontrar una lata de refresco que agua potable.

De hecho, algo similar se podría decir de la contrapropuesta de la oposición, que pide que se quite el IVA al agua embotellada. No por hacerla más barata se va a incrementar su consumo por parte de toda la población, pues los hábitos no dependen solamente del precio específico de cada bien, sino de su relación con otros y de elementos adicionales como la disponibilidad calórica de unas y otras bebidas, mismas que están ligadas con el ingreso de la población.

Ahora bien, esto se puede ver desde otro ángulo: estos impuestos saludables pueden ser una medida recaudatoria que a su vez se convierta en una política de salud. De hecho, esa fue también la promesa durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se anunciaba que esos recursos se utilizarían para el combate a ciertos problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de azúcar o a medidas como la construcción de bebederos escolares.

El problema es que, si esas promesas no están bien establecidas en el presupuesto, bajo mecanismos claros, se quedarán una vez más en promesas. No hay nada en el proyecto presentado por Hacienda que indique que se creará un fondo, una partida presupuestaria cuyos recursos se obtengan de esa recaudación y se destinen a esos fines.

Sin duda hacen falta programas de promoción de la alimentación saludable y atención a la diabetes, entre muchos más, pero para que sean sostenibles requieren dinero constante, no bajo la discreción de la política hacendaria que puede cambiar de un año a otro sin mayor aviso.

Lo anterior nos lleva a la necesaria reflexión que como sociedad tendríamos que hacer sobre la calidad del gasto público. Los recursos destinados a la salud son un ejemplo, pero lo mismo podemos decir de la inversión pública: ¿realmente lo más urgente para el país son trenes de pasajeros o un rescate incondicional a Pemex? ¿No hacen falta antes más carreteras, infraestructura hidráulica, aduanas modernizadas, clínicas de alta especialidad, equipamiento escolar, junto con un largo etcétera?

Estas y preguntas similares parecen prudentes cada septiembre, cuando se presenta el paquete económico para el año siguiente y muchos analistas retoman la necesidad de una reforma fiscal profunda. ¿De dónde se quiere incrementar la recaudación, quiénes van a pagar y, sobre todo, para qué se usará ese dinero?