Ilusión recaudatoria del cobro excesivo por el espectro
México registra uno de los regímenes más onerosos del mundo en materia de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, recurso por demás esencial para la operación de las telecomunicaciones móviles.
Mientras que algunos países de la OCDE han optado por revisar sus esquemas de precios e incluso han reducido sus niveles nominales y consecuentemente reales, para incentivar las inversiones y el despliegue de infraestructura, en México por el contrario persiste un marco fiscal que grava al espectro de manera onerosa.
Espejismo recaudatorio por el espectro. De acuerdo con la OCDE, en su estudio Developments in Spectrum Management for Communication Services, los costos excesivos por el uso de espectro han generado efectos adversos: devoluciones de frecuencias, desincentivos a participar en nuevas licitaciones y una pérdida progresiva de dinamismo en el mercado móvil.
El problema no es nuevo, pero se ha agudizado. Telefónica por ejemplo renunció a toda su tenencia espectral, mientras que AT&T ha realizado devoluciones parciales en diversas bandas. A partir de ello, se ha dejado de recaudar un total de $18,712 millones de pesos (mdp), entre 2019 y 2024. La consecuencia directa: menos competencia efectiva y una concentración creciente del mercado a favor de Telcel, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T).
En términos económicos, los altos derechos anuales desincentivan la participación en licitaciones y convierten al espectro en un activo subutilizado, caro y poco atractivo para los operadores no preponderantes.
Pérdidas fiscales para el erario. Paradójicamente, el afán recaudatorio ha tenido un efecto contrario al esperado.
Estimaciones del ya extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revelaron que la recaudación por derechos del espectro cayó sostenidamente: de $19,980 mdp en 2019 a $16,776 mdp en 2024 tras las renuncias de espectro, y se podría reducir a $9,294 mdp bajo el escenario en el que AT&T renunciara a todas sus frecuencias y sólo quedara el AEP-T. El retiro de operadores y la devolución de bandas asignadas se traducen directamente en menores pagos al erario, demostrando que un régimen gravoso por el espectro termina erosionando la recaudación fiscal. El desequilibrio es manifiesto: mientras en otros países el espectro se considera un instrumento para maximizar la inversión y optimizar la provisión de servicios, en México se le trata como una fuente inmediata de ingresos.
Esta lógica mina la recaudación futura y el desarrollo de la conectividad a cambio de una ganancia fiscal marginal. Además, el impacto trasciende lo financiero: al frenar inversiones, se acotaría la expansión de redes de nueva generación (5G), potencialmente se encarecería el servicio móvil y se agrandaría la brecha digital entre regiones.
Lecciones internacionales de reducción del costo del espectro. La experiencia internacional demuestra que reducir nominalmente los costos anuales del espectro no significa perder ingresos, sino ampliarlos en el mediano plazo. Ofcom en el Reino Unido redujo 26% las tarifas anuales de las bandas de 900 MHz y 1800 MHz, India eliminó el cargo anual de uso de espectro (SUC-Spectrum Usage Charge = 0%) para nuevas licencias, mientras que Croacia, Nueva Zelanda y Australia recortaron sus tasas para estimular despliegues y la competencia. Lo que permitió liberar recursos para inversión, acelerar la cobertura de las redes y sostener la recaudación por la vía del crecimiento del sector, no por su imposición fiscal. México requiere seguir ese camino. Una reducción nominal y generalizada de los derechos anuales por el uso del espectro eliminaría la parálisis de las inversiones, las devoluciones de frecuencias y la erosión de los ingresos públicos. Por el contrario, recortaría los costos para los operadores existentes, renovaría el pulso competitivo y reactivaría el interés en futuras licitaciones. Menos costo por MHz puede significar más conectividad, más inversión y, a la larga, una mayor recaudación.
