Huella social y el viacrucis legal
En México, para muchas mujeres adultas mayores, la identidad no es un derecho garantizado sino un laberinto lleno de puertas cerradas.
Tramitar un pasaporte puede convertirse en un calvario que desnuda todas las fallas de un Estado que, durante décadas, invisibilizó a las mujeres pobres, analfabetas y sin documentos, quienes hoy siguen siendo discriminadas. Se les exige demostrar su “huella social”, como si sospecharan sobre sus vidas, como si no existieran.
Recientemente conocí el caso de una mujer de 80 años, quien trabajó durante casi 40 años en el Gobierno Federal. Es decir, es una persona jubilada por antigüedad y tiene un expediente médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Cuenta con su Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada, con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y con una Credencial de Elector con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Nació en los 40´s y empezó a trabajar en los 60´s, cuando era preciso tramitar una hoja de filiación para estar en condiciones de laborar en las oficinas gubernamentales. Se trata de una hoja donde aparecen sus datos de identificación, sus huellas digitales y una fotografía con frente y orejas descubiertas, sin aretes ni maquillaje.
¿El problema? Fue registrada 10 años después de su nacimiento. Algo prácticamente imposible en estos tiempos, pero entonces, era una situación común y corriente. Sólo porque quiso ir a la escuela y los padres la apoyaron, fue que consideraron necesario llevarla al Registro Civil.
Recordemos varias situaciones propias de aquellos tiempos. La Ciudad de México era más rural que urbana, la miseria y la ignorancia eran la regla, las parejas arrejuntadas y no matrimoniadas eran más que comunes, con niñas y niños nacidos fuera del matrimonio. A veces sin nombre porque el padre que les engendró no les reconoció, pero la calle sí los abrazó. Con un apodo y en la pobreza, pero hallaron abrigo.
Por ese detalle, el acta de nacimiento certificada por el Registro Civil y perfectamente legible no fue suficiente para el personal de la Cancillería. La señora tenía que demostrar su huella social con su acta de bautismo, el certificado de primaria, el acta de matrimonio de los padres o el acta de nacimiento de todos los hermanos.
¿Ochenta años después alguien tendrá a la mano su acta de bautismo? Todas las hermanas y hermanos de la señora ya murieron (la mayoría por Covid en 2019) y el único hermano que sobrevive tiene acta de nacimiento, pero fue registrado 20 años después de que nació.
Finalmente tramitó ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) la reposición de su certificado de primaria y resolvió el tema. Ya tiene su ansiado pasaporte y puede ir a visitar al nieto a Canadá. También tiene en la mira visitar Costa Rica y, en un descuido, hasta se va a Las Vegas.
¿Qué pasa con las mujeres indígenas de la costa de Guerrero? ¿Con las mujeres que fueron hijas únicas? ¿Con quienes no tuvieron la oportunidad de ir a estudiar porque debían trabajar en el campo, sin pago por nómina ni seguridad social?
Si una mujer que trabajó toda su vida, pagó impuestos y ha ejercido su derecho al voto fue puesta bajo sospecha y debió demostrar su huella social para exigir su derecho a la identidad. ¿Qué pueden esperar las mujeres menos afortunadas?
Las reglas son claras en el papel, es decir, en el Reglamento de la Ley de Nacionalidad que fue reformado en el sexenio de Felipe Calderón, en 2013. Pero en la vida real, millones de mujeres llegan a la vejez sin el reconocimiento y respeto de la burocracia y viven un viacrucis legal para que se reconozca su derecho a la identidad.
