Huachicol fiscal: marinos, aduanas y sobornos, la trama que destapó el caso
Las autoridades del Gobierno de México desmanteló hace unos días una de las redes de contrabando de hidrocarburos más grandes en la historia reciente del país.
La operación, que inició con el aseguramiento de un buque en Tampico en marzo pasado, derivó en la detención de 14 personas, entre ellas un vicealmirante de la Secretaría de Marina, cinco marinos en activo, exfuncionarios de aduanas y empresarios vinculados a la introducción ilegal de combustibles.
Un decomiso que reveló la red
Todo comenzó el 19 de marzo, cuando autoridades federales inspeccionaron el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico.
La embarcación, proveniente de Estados Unidos, transportaba cerca de 10 millones de litros de diésel que habían sido declarados como petroquímicos para evitar el pago de impuestos de importación.
La operación incluyó cateos simultáneos en varios puntos de Tamaulipas y derivó en el aseguramiento de más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques.
Según la Fiscalía General de la República, este decomiso es uno de los más grandes en la historia reciente y permitió descubrir la logística de una organización criminal que operaba con documentos apócrifos y la participación de agencias aduanales, empresas de transporte y funcionarios
Alcance de la investigación
Tras meses de investigación de gabinete y campo, las autoridades ejecutaron 14 órdenes de aprehensión en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.
Entre los detenidos se encontraba el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, cinco marinos en activo, uno en retiro, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas.
Además, 20 personas físicas y morales fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas al detectarse operaciones financieras irregulares, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como pólizas de seguros desproporcionadas con sus ingresos
Vinculación a proceso y líderes de la red
Tras 17 horas de audiencia, un juez federal vinculó a proceso a Farías Laguna y a otros nueve marinos por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía imputó que esta organización permitió la descarga de 31 buques de combustible de manera ilegal entre abril de 2024 y marzo de 2025 en las aduanas de Altamira y Tampico.
De los tres líderes señalados en la estructura criminal, solo Farías Laguna fue detenido; su hermano Fernando y el presunto operador Miguel Ángel “N” se encuentran prófugos.
La gravedad del caso se acentuó con el hallazgo sin vida del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en la investigación y encontrado muerto en instalaciones portuarias de Altamira un día después del anuncio de las detenciones.
Reacciones políticas: PAN y PRI exigen investigar a López Obrador
El caso escaló al terreno político, ya que Ricardo Anaya (PAN) y Manuel Añorve (PRI), coordinadores en el Senado, exigieron que la investigación incluya al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su gobierno entregó el control de aduanas a la Marina y aseguró que la corrupción había terminado.
“Éste es el escándalo de corrupción más grande en la historia de México, 170,000 millones de pesos le está costando al erario”, declaró Anaya, exigiendo que la indagatoria llegue “tope donde tope”. Añorve, por su parte, recordó que López Obrador afirmaba a diario que el huachicol ya no existía, lo que hoy queda en entredicho.
El PRI y el PAN también solicitaron que no haya exoneraciones anticipadas y que se investigue la relación de los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Posición del gobierno de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las denuncias presentadas por el propio almirante Ojeda, quien pidió investigar incluso a sus familiares. La mandataria sostuvo que no habrá impunidad y que la investigación se ha llevado a cabo con el tiempo necesario para reunir pruebas sólidas.
Sheinbaum explicó que el modus operandi consistía en importar diésel aprovechando permisos temporales y declarando mercancía como no sujeta a impuestos, para luego revenderla a gasolineras y flotillas a precios por debajo del mercado.
“El mensaje es claro: cuando se detecta un entramado de corrupción, no importa quién esté involucrado, se actúa”, subrayó.
Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Morales, aseguró que la institución reforzó sus mecanismos de control para prevenir casos similares.
