¿Huachicol del Bienestar?

La guerra contra el huachicol que declaró Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, sigue siendo una batalla perdida que no sólo daña la economía y a la seguridad energética de México, sino que está ligada directamente a las bandas del crimen organizado.

El robo y contrabando de gasolina y diésel genera ingresos multimillonarios para los grupos criminales involucrados, recursos que les permiten extender sus actividades ilícitas por todo el territorio nacional e, incluso, trascender las fronteras de Estados Unidos y Centroamérica.

Nada es nuevo. Los datos entregados por Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la plataforma de Transparencia, muestran que durante los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, la petrolera reportó 28 mil 835 tomas clandestinas a ductos donde se traslada gasolina, diésel y gas licuado de petróleo.

En contraste, durante el mismo periodo del sexenio de López Obrador, se registraron 62 mil 441 perforaciones ilegales. Es decir, el hucachicoleo aumentó 117 por ciento durante el gobierno que prometió erradicarlo.

Lo que es más, distintas versiones periodísticas señalan una larga lista con nombres de personajes afines a Morena, quienes estarían relacionados con contrabando de gasolina desde Estados Unidos, disfrazado de legalidad a través de empresas fantasma y facturación falsa. Entonces se mencionó a Sergio Carmona (fallecido en 2021), Américo Villarreal (hoy gobernador de Tamaulipas), Ricardo Peralta (exsubsecretario de Gobernación) y Horacio Duarte (extitular de Aduanas).

Ahora, con Claudia Sheinbaum como presidenta, las cosas no son diferentes. A finales de marzo pasado, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron un impresionante cargamento de 10 millones de litros de diésel.

Este cargamento había ingresado al país en el megabuque Challenge Procyon, procedente de Texas, y fue inicialmente declarado como aditivo para aceites vegetales. Sin embargo, tras una inspección, se confirmó que se trataba de hidrocarburo ilegal.

El tema es tan grave, que el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente impuso sanciones a tres narcotraficantes mexicanos y dos empresas, acusados de tráfico de fentanilo, robo de combustible y contrabando de petróleo, en colaboración con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De esta manera, el gobierno de Donald Trump busca cortar las fuentes de financiamiento de los cárteles y poner fin a sus operaciones ilícitas, ya que las sanciones incluyen el congelamiento de activos y prohibiciones comerciales, lo que afecta directamente las finanzas de estas organizaciones criminales.

De nueva cuenta, en esta trama de corrupción y tráfico de combustible, salió a la luz el nombre de Américo Villarreal. Aunque el gobernador ha negado tales acusaciones, dichas versiones añaden el ingrediente de la complicidad política, al problema del huachicol en la región.

Es indudable que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe fortalecer la seguridad en las instalaciones petroleras y mejorar los sistemas de monitoreo y control de distribución de los combustibles.

Pero también es preciso que desde la Fiscalía General de la República avancen con las carpetas de investigación abiertas desde 2019, a fin de castigar a todos los personajes involucrados, sin importar los colores partidistas ni las posiciones que ocupen en el gabinete actual.

A menos que en Palacio Nacional estén interesados en crear otra vacilada: el huachicol del bienestar.