HRW pide derogar reforma judicial o garantizar integridad para 2027
La reforma constitucional que establece la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) “ha socavado la independencia judicial en México’’, por lo que debe ser derogada, opinó Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés).
“Las autoridades mexicanas deberían aprender de los graves defectos de las elecciones judiciales de 2025 y derogar esta reforma constitucional o, como mínimo, establecer salvaguardas sólidas para asegurar la integridad de la próxima ronda de elecciones judiciales en 2027’’, cita el comunicado emitido por la organización internacional que investiga y expone abusos de derechos humanos en todo el mundo.
El mismo día que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito y jueces de distrito federales -poco más de 800, en total- asumieron el cargo, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, declaró:
“Lejos de ser un esfuerzo por hacer que el Poder Judicial sea más democrático y eficiente, es probable que esta reforma sólo cree un poder judicial leal al gobierno”.
Y advirtió que HRW estará “observando’’ si la nueva Corte “cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”.
HRW refirió que los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificaron una serie de deficiencias en las elecciones judiciales de junio pasado en México, “entre ellas, la falta de transparencia en la financiación y los gastos de las campañas’’.
“Los seis miembros elegidos del Tribunal Supremo fueron preseleccionados por el Comité del Poder Ejecutivo, aunque algunos también habían sido incluidos por el Congreso. Se unirán a otros tres que habían sido propuestos por el expresidente (Andrés Manuel) López Obrador. Los observadores de la OEA descubrieron que los seis miembros elegidos habían sido incluidos en ‘acordeones’ que actores no especificados distribuyeron física y virtualmente para instar a la gente a votar por una lista concreta de candidatos’’, precisa el comunicado.
Además, consigna que la “reforma constitucional y la legislación de aplicación también crearon un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) con amplios poderes para sancionar y destituir a los jueces. Los cinco miembros del tribunal, que también fueron elegidos por votación popular, están facultados para imponer sanciones a los jueces si ‘dictaminan, de manera clara, en contra de la Constitución, la ley aplicable o la interpretación establecida en la jurisprudencia’, ‘deciden en contra de los hechos del caso’ o transgreden otros criterios’’.
Finalmente, aseguró que, según estándares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de la influencia política para garantizar que puedan tomar decisiones basadas únicamente en los hechos del caso y de conformidad con la ley.
