Gobierno eleva tope de gas LP, pero distribuidores advierten insuficiencia de un peso

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El acuerdo llegó después de meses de jaloneos, mesas técnicas y negociaciones discretas. El 15 de agosto, los distribuidores de gas LP obtuvieron lo que parecía un triunfo: un margen operativo de 3.51 pesos por litro dentro del precio final al consumidor. La noticia alivió tensiones, pero no apagó la inconformidad . Para el sector, ese respiro no alcanza a cubrir lo más elemental: salarios, combustible, mantenimiento de unidades y regulaciones obligatorias. El gas LP es parte de la vida cotidiana de México. Ocho de cada diez hogares lo utilizan para cocinar, calentar agua o accionar la calefacción en invierno. La cercanía con la población le da al sector un carácter estratégico, pero también lo expone a una tensión constante entre el control de precios y la viabilidad de la operación privada.

El conflicto no es nuevo. Desde agosto de 2021, cuando la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso un tope de precios máximos de venta al público, la relación entre gaseros y autoridades se quebró. El margen de centavos fijado entonces generó paros laborales de comisionistas y “hombres camión”, los trabajadores que recorren colonias y calles con cilindros a cuestas. El gobierno defendió aquella decisión como un mecanismo de protección al consumidor. La metodología estableció precios máximos diferenciados por región y actualizados cada semana. La lógica era evitar abusos en zonas donde el abasto resultaba más costoso. La práctica, sin embargo, dejó a los distribuidores con una operación estrangulada financieramente. El acuerdo más reciente buscó atajar ese malestar. Según Amexgas, se trató de un proceso de diálogo con la Secretaría de Energía para dar certidumbre al negocio y evitar mayores fricciones. Se definió un margen uniforme de 3.51 pesos por litro, equivalente a 6.50 pesos por kilo, con posibilidad de ajustes en regiones con condiciones extremas. La industria reconoce que el acuerdo abre un espacio de maniobra. Pero advierte que se queda corto. “Da un respiro, pero no es suficiente. Al menos ayuda al poder salir a operar; algo que también afectó fue los incrementos en los salarios mínimos, entonces hay que pagar salarios, el combustible de la distribución, el mantenimiento, el costo regulatorio, el tema de controles volumétricos, justo es donde el margen no es suficiente para poder cubrir esos costos”, explicó Beatriz Marcelino, presidenta de la consultora Grupo Ciita.

Fórmula del precio Para cubrir de manera adecuada la estructura de costos y asegurar inversiones, el sector estima que el margen debería ubicarse en torno a 4.60 pesos por litro. Esa diferencia de más de un peso, insisten, es la línea que separa una operación sostenible de un servicio en riesgo. La fórmula del precio máximo, publicada por la CRE considera el precio de la molécula —importada o producida por Pemex—, los costos de logística, la carga regulatoria, el margen operativo, la distribución y la utilidad empresarial. En la práctica, deja zonas grises, ya que no desglosa con precisión los porcentajes y mantiene un factor “K” cuyo cálculo nadie en la industria conoce con claridad. Para esta semana, el precio máximo aplicable es de 10.64 pesos por litro. De ese total, alrededor de seis pesos corresponden a la molécula. El resto debe cubrir los 3.51 pesos de margen operativo, en los que se concentran gastos laborales, distribución, combustible y una mínima ganancia. La ecuación deja poco espacio para renovar unidades o invertir en equipos más seguros. A inicios de 2021, el precio del gas LP llegó a rondar los 14 pesos por litro. Con el esquema de tope máximo, que se ajusta semanalmente, el energético puede encontrarse hasta en nueve pesos por litro. Esa disminución representa un ahorro para las familias, pero al mismo tiempo genera riesgos ante la falta de mantenimiento en la operación.
Prevención de accidentes Un accidente, como el ocurrido recientemente en Iztapalapa cuando explotó una pipa en el puente de la Concordia, revela que los protocolos de seguridad dependen de equipos en buen estado, capacitación constante y supervisión efectiva. Con márgenes limitados, la capacidad de invertir en prevención se reduce. La Comisión Nacional de Energía (CNE), encargada de regular al sector, mantiene un sistema de permisos, inspecciones y sanciones. Sin embargo, su capacidad de vigilancia es limitada. La seguridad real de la operación descansa en que las empresas tengan recursos suficientes para cumplir con la normatividad. El nuevo reglamento del sector de hidrocarburos, próximo a publicarse, podría modificar aún más ese equilibrio. Se espera que ajuste la carga regulatoria, ya sea simplificando procesos o aumentando requisitos. En cualquiera de los casos, la capacidad financiera de los distribuidores será determinante para cumplir con lo que venga. En la Sener se insiste en que el equilibrio alcanzado protege al consumidor y mantiene al sector funcionando. Para los distribuidores, en cambio, es un punto intermedio que solo posterga el problema. “Con ese margen todavía no se puede invertir en unidades de transporte o equipos nuevos, lo que puede traducirse en riesgos durante la operación diaria, tanto para el gasero como para la población en general”, reiteró Marcelino.

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