Frontex transfirió durante años ilegalmente a Europol datos de migrantes y activistas

Frontex transfirió durante años ilegalmente a Europol datos de migrantes y activistas

Bajo la bandera de la lucha contra el tráfico ilícito de personas, la agencia europea de vigilancia de fronteras, Frontex, recopiló durante años datos personales mediante interrogatorios encubiertos a migrantes tras su llegada a Europa que carecieron de garantías jurídicas básicas. Entre 2016 y 2023, esta agencia cedió ilegalmente los datos de más de 13.000 personas a Europol, la agencia policial de la UE. Allí fueron almacenados en archivos de inteligencia criminal para ser utilizados en investigaciones policiales de los Estados miembros. Una investigación de Le Monde, Solomon y EL PAÍS —basada en cientos de páginas de documentos internos y entrevistas con expertos en protección de datos y abogados— revela la implicación de Frontex y Europol en prácticas opacas y legalmente cuestionables que conducen a la criminalización de migrantes y activistas de la UE que los ayudan o han estado en contacto con ellos. La agencia de fronteras se vio obligada a cambiar sus protocolos de transferencia de datos tras el informe de un organismo independiente de la Unión que considero esta práctica ilegal.

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Extracto de un correo electrónico enviado desde la Oficina de Protección de Datos de Frontex al director general de esta agencia, Hans Leijtens, informando de que el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) concluye que Frontex “transmitió ilegalmente datos personales operativos durante cuatro años a Europol” y “emite una reprimenda a Frontex”.Reprimenda en el informe final del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD): “El SEPD ha decidido amonestar a Frontex en virtud del artículo 58, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1725, considerando que una amonestación es una medida correctora adecuada y necesaria. Uno de los principales objetivos de la facultad del SEPD para emitir una amonestación es lograr un efecto disuasorio y dejar claro a la agencia de la Unión en cuestión que ha infringido el Reglamento” dice el primer punto.

Evasión de responsabilidades

En noviembre de 2022, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo celebró su primera audiencia sobre PeDRA, el poco conocido programa de vigilancia de Frontex que transfiere datos personales a Europol.

El director ejecutivo adjunto de Frontex, Uku Särekanno, explicó a los parlamentarios que, hasta ese momento, Frontex había compartido con Europol datos sobre unos 13.000 “posibles sospechosos”. Särekanno compareció en la audiencia junto a otros dos altos funcionarios estrechamente implicados en la supervisión de PeDRA: Jürgen Ebner, director adjunto de Europol, y Mathias Oel, entonces alto funcionario del departamento de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea.

En declaraciones sincronizadas, los tres funcionarios aseguraron que las transferencias de datos eran excepcionales y se regían por un sólido marco jurídico.

Särekanno declaró ante la Comisión: “No es una transferencia masiva de datos, sino una evaluación caso por caso”. “No recibimos datos a granel de Frontex; se hace caso por caso”, se hizo eco Ebner, de Europol. Las transferencias de datos personales se producen únicamente ad hoc; PeDRA “no es un intercambio sistemático de datos”, dijo Oel. 

Esta investigación ha visto, en correspondencia interna obtenida a través de una solicitud de libertad de información (FOI por sus siglas en inglés), que las tres agencias se coordinaron previamente para “alinear” sus mensajes a los eurodiputados. Cuando fueron preguntados al respecto, el portavoz de Frontex, Chris Borowksi, declaró que la declaración de Sarekano “se hizo de buena fe y se basó en el entendimiento y el marco internos vigentes en aquel momento”. Oel alegó que “lo declarado se basaba en la información facilitada por Frontex” y Ebner no respondió. 

 

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