Fondo para infraestructura indígena presenta un desafío para la transparencia fiscal
La creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) para el ejercicio fiscal 2025, un hecho calificado por el gobierno federal como un “acto de justicia social”, puede generar posibles riesgos para la estabilidad de las finanzas municipales y el marco institucional mexicano, advirtió Fitch Ratings.
El FAISPIAM se concretó el 16 de enero del 2025 mediante un convenio signado entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con un monto inicial de 12,374 millones de pesos, para ser ejercido de manera directa por comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El FAISPIAM se nutre de 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Sin embargo, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, el fondo ya no está asignado al Ramo 33, sino que se encuentra integrado a la Secretaría de Bienestar.
La decisión de inversión en obras de infraestructura básica recaería en las asambleas comunitarias, sin intermediación de gobiernos municipales.
Asignación de recursos
Con corte al primer semestre del año, el monto distribuido del FAISPIAM asciende a 10,877.9 millones de pesos, que corresponden a 26 entidades federativas. Los recursos presupuestales se operarán en 1,257 municipios para beneficio de 17,758 comunidades, reportó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Se atenderán las prioridades de 70 grupos indígenas y de la comunidad afromexicana. El 44.6% del total del FAISPIAM se destina a Chiapas y Oaxaca. Para el ejercicio fiscal 2025, la entrega de los recursos se programó en abril (30%), julio (40%) y octubre (30 por ciento).
El cambio de asignación de recursos a cargo de la Secretaría de Bienestar “ahonda la incertidumbre respecto a su rol en la coordinación fiscal y confirma la centralización de los recursos”.
El nuevo esquema de administración directa por comités comunitarios busca mayor participación local, pero la falta de representatividad de gobiernos municipales y estatales genera incertidumbre sobre los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Aunque se han establecido controles de seguimiento normativo, su “operatividad en comunidades con capacidades administrativas limitadas representa un desafío”.
“La creación de FAISPIAM mediante convenio administrativo representa un cambio en el marco institucional del federalismo”.
