Fitch eleva calificación de Pemex tras apoyo del gobierno de 12,000 mdd

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En un giro que confirma el respaldo del gobierno mexicano a su petrolera estatal, Fitch Ratings elevó la nota crediticia de largo plazo de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) a ‘BB’ desde ‘B+’ , y eliminó la vigilancia positiva que mantenía. La agencia argumentó que la operación de refinanciamiento por 12,000 millones de dólares realizada por el gobierno federal, fortaleció el vínculo entre la empresa y el soberano, lo que justifica una mejora en la evaluación del “precedente de apoyo” . Pemex conserva una perspectiva estable, aunque Fitch mantuvo su advertencia sobre la debilidad operativa y financiera de la petrolera. En su evaluación, subió el puntaje de vinculación con el Estado de 25 a 30 puntos, y ajustó el enfoque de calificación desde un nivel cinco por debajo del soberano a solo dos. La nota de México permanece en ‘BBB-’.

La revisión refleja mayor disposición oficial a respaldar a la compañía, no solo con liquidez, sino también mediante reformas que permiten compartir el límite de deuda con la Secretaría de Hacienda. Estas medidas aumentan la supervisión gubernamental sobre Pemex y mejoran la toma de decisiones estratégicas. Si el gobierno consolida esta tendencia, Fitch prevé un posible ajuste positivo en la evaluación de gobernanza de la empresa. No obstante, la agencia mantuvo la calificación de perfil crediticio individual (PCI) de Pemex en categoría ‘ccc’, pese a elevarla un peldaño. El volumen de deuda, cercano a los 98,800 millones de dólares al cierre de junio, continúa como una presión estructural. Solo en ese trimestre, los gastos por intereses alcanzaron 2,000 millones, más de la mitad del EBITDA reportado. Fitch también advirtió sobre un deterioro operativo que arrastra el desempeño financiero. Señaló que la falta de inversión —tanto en exploración como en refinación— ha provocado incidentes críticos y una caída sostenida en la producción. Aunque la nueva administración fijó un límite a la extracción, ha redoblado la apuesta por el sector downstream, una decisión que pone en duda la sostenibilidad sin un mayor apoyo público.

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