Fiscalización en la Reforma Judicial: ¿Quién vigila al poder que juzga?
La reforma judicial que México estrenó en 2024 no solo modificó estructuras y procedimientos: reconfiguró el mapa del poder. En medio de debates encendidos sobre la elección popular de jueces, la autonomía judicial y la eficiencia procesal, hay un tema que ha pasado casi desapercibido, pero que podría definir el éxito —o el fracaso— de esta transformación: la fiscalización.
El nuevo rostro del control institucional
En el nuevo diseño judicial, esta tarea se vuelve más compleja: ¿Cómo se fiscaliza a jueces electos por voto popular? ¿Quién garantiza que los procesos digitalizados no se conviertan en cajas negras? ¿Qué pasa cuando la transparencia choca con la autonomía?
La Contraloría del Poder Judicial de la Federación es un órgano auxiliar del Órgano de Administración del PJ, encargado de ejercer funciones de control, vigilancia y evaluación sobre el cumplimiento de normas administrativas, presupuestales y patrimoniales dentro del Poder Judicial. Sus principales atribuciones incluyen: auditoría financiera y operativa, control interno y seguimiento patrimonial, substanciación y resolución de procedimientos administrativos disciplinarios de trabajadores administrativos y faltas no graves, y evaluación de eficiencia, legalidad y transparencia en la gestión judicial.
El sistema de fiscalización del Poder Judicial federal presenta retos en cuanto a la coordinación y la independencia, en la medida en que son dos entes autónomos, como lo son el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Todavía está por verse cómo se comunicarán, coordinarán y mantendrán relaciones de respeto y eficacia.
Entre la vigilancia y la independencia
Y, sobre todo, requiere voluntad política para que la fiscalización no sea solo un ritual administrativo, sino una herramienta viva de control y desarrollo judicial.
La reforma judicial no puede medirse solo por sus intenciones. Su verdadero impacto se jugará en los márgenes: en cómo se fiscaliza, quién lo hace y qué tan efectivas son esas acciones para prevenir abusos, corregir desvíos y fortalecer la confianza pública.
Fiscalizar es, en última instancia, cuidar el Estado de derecho. Y, en tiempos de reformas profundas, ese cuidado no es opcional: es urgente.
