¿Ficción política o censura?
Ocupa el cuarto lugar en la lista de candidatos a magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, postulada por el Poder Legislativo. A partir de dos publicaciones —un texto en Código Magenta, dirigida por Ramón Alberto Garza y una columna de Héctor de Mauleón, en El Universal tramitó y obtuvo de las autoridades electorales sendas medidas cautelares que coinciden en lo esencial: TGCL —así se le identificará, en apego a esas resoluciones— fue blanco de una “campaña de linchamiento mediático” que buscaba inhibir su participación en el actual proceso electoral “y dañar su imagen mediante recursos ilegales, carentes de veracidad y ajenos a cualquier estándar ético”.
Con tres décadas de experiencia en el servicio público, la funcionaria ha evitado el escrutinio público. La versión pública de su expediente de registro como candidata en este proceso electoral, elaborada por Juana Francisca Cuadros Ortega directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del IETAM, protege —sin temporalidad, por ser “información confidencial”— sus datos personales, pero también información de contexto, como su actual cargo: consejera jurídica del Ejecutivo de Tamaulipas, desde el inicio del sexenio de Américo Villarreal.
“Primera mujer en Tamaulipas en ostentar la titularidad de ese cargo”. TGCL también fue la primera consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, en 2018. Y ahora que busca romper el techo de cristal en el Poder Judicial tamaulipeco, no está dispuesta a tolerar cuestionamientos públicos que “faltan a la verdad y carecen de toda prueba o fundamento legal pues… tergiversan hechos, emplean suposiciones no verificadas y distorsionan relaciones personales y geográficas para construir una narrativa de ficción política”.
La anonimización de los datos personales también ha sido una de las demandas de los exfuncionarios aduanales señalados desde hace seis años en distintos medios informativos, tanto locales como nacionales. Dichas publicaciones —han insistido por distintas vías— han obviado un hecho esencial: no hay proceso judicial en curso que los involucre o antecedentes penales que respalden las acusaciones.
“Carezco por completo de cualquier conexión con los hechos difamatorios que están presentes en el contenido de los enlaces”, aclaraba a finales del año pasado JCML, exservidor público en las Aduanas de México en el sexenio lopezobradorista y señalado en los materiales periodísticos. “En mi historial no figura ningún proceso judicial ni antecedentes penales que respalden las acusaciones allí expuestas. Se trata, indudablemente, de señalamientos desprovistos de fundamento y pruebas contundentes”.
Señalamientos surgidos en el periodo de Horacio Duarte como titular de la ANAM, institución a la que había aterrizado un escuadrón de líderes morenistas provenientes del Estado de México. Entre ellos JCML y CARM, referidos en los materiales periodísticos que las autoridades electorales de Tamaulipas ordenaron retirar.
Entonces, los señalamientos eran sobre personajes designados por el actual secretario general de gobierno del Estado de México que desempeñaban funciones estratégicas en las aduanas fronterizas, desde Tijuana hasta Nuevo Laredo. Los hermanos Cardona también fueron vinculados.
Derivado de esas informaciones, hubo empleados de las Aduanas —de cuya actual presencia no hay constancia, ante el arribo de mandos castrenses en los últimos años del sexenio lopezobradorista— que aportaron datos de interés periodístico y expresamente solicitaron mantener su identidad bajo reserva.
“GuacamayaLeaks abrirá la caja de Pandora en las Aduanas”, refirieron, “y la millonaria red de corrupción conformada por mandos civiles que ya había identificado, tanto el Ejército y como Semar”.
