FGR desiste indagar la desaparición de salvadoreño
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró su participación en el caso de Marco Antonio Amador Martínez, joven migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas en 2013, al declararse “incompetente” para continuar con la investigación, lo que generó una condena por parte de su familia y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según las ONG firmantes (entre las que se encuentran Fundación para la Justicia, Amnistía Internacional México, Cadalpiotz, entre otras), la FGR notificó el pasado 28 de abril que no encontró elementos de delincuencia organizada y, por tanto, remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, al considerar que se trata de un delito del fuero común. Esta resolución contraviene la Acción Urgente 1650/2023 emitida por el CED (Comité de la ONU para desapariciones), que exige una actuación coordinada y diligente de todas las autoridades mexicanas para localizar a Marco Antonio.
“Este deslinde de las autoridades federales implica un grave retroceso en la investigación del caso, así como en el acceso a la justicia, la verdad y reparación del daño a que tiene derecho doña Mary. A ello se suma el hecho de que, para dar seguimiento a la carpeta de investigación tendría que viajar desde Tegucigalpa, Honduras, al estado de Tamaulipas, con los consecuentes riesgos para su seguridad; además de otros retrocesos en su acceso a sus derechos como víctima”, se detalló mediante un comunicado.
“El caso de Marco Antonio no puede ser tratado como un simple delito común. Las desapariciones de migrantes en México forman parte de un patrón sistemático y deben ser investigadas como tales”, advirtió Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
También, se informó que la familia, acompañada legalmente por la Fundación para la Justicia, ha interpuesto un recurso de amparo para revertir la decisión de la FGR. La resolución judicial se espera en los próximos días.
Además del caso de Marco Antonio, la Fundación denunció un patrón de deslindes sistemáticos por parte de la Fiscalía, incluso en investigaciones impulsadas desde el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI). Organizaciones civiles y familiares de personas migrantes desaparecidas han reclamado directamente al fiscal Javier Pérez Durón, titular de la Fiscalía Especial para Personas Migrantes, por el abandono de múltiples casos similares.
Marco Antonio desapareció el 11 de marzo de 2013 tras ser bajado de un autobús por un grupo armado en la carretera entre Nuevo Laredo y Reynosa. ““Mi hijo se fue buscando un futuro mejor para él y su familia. La angustia que vivo cada día es muy fuerte. Cada día que pasa y no sé nada de él, para nosotras las madres es muy doloroso y desgastante para la salud. Todas las madres queremos encontrar a nuestros hijos”, mencionó su madre, Mary Martínez.
