Explosión de pipa en Iztapalapa evidencia vacíos en seguridad del gas LP
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La mañana del 10 de septiembre, una pipa de gas LP explotó en el puente de La Concordia , en Iztapalapa. El saldo oficial es de 14 personas fallecidas y más de 70 lesionadas, un recordatorio doloroso de que el transporte de materiales peligrosos sigue siendo una actividad de alto riesgo en México . Los accidentes en este sector pueden ocurrir en cualquier momento y afectar a cualquier persona. Sin embargo, existen medidas de seguridad capaces de prevenirlos, minimizar su impacto y definir acciones de respuesta cuando se presentan. La clave está en contar con regulaciones eficientes y, sobre todo, en que sean cumplidas a cabalidad. El caso de Iztapalapa evidencia que la existencia de normas por sí sola no garantiza la seguridad. La falta de supervisión, la contradicción en los reportes de seguros y la ausencia de sanciones inmediatas convierten una actividad regulada en un riesgo latente.
La contradicción Tras el accidente, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), responsable de vigilar el cumplimiento ambiental y de seguridad en el sector de hidrocarburos, informó que revisó permisos y seguros del semirremolque involucrado. La revisión inicial señaló que Transportadora Silza, parte de Grupo Tomza, no contaba este año con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental que ampararan los permisos de transporte de la pipa. Horas después, la empresa emitió comunicados afirmando que sí dispone de seguros vigentes según la legislación, incluyendo responsabilidad civil, daño ambiental y otras coberturas no especificadas para transporte de materiales peligrosos. Transportadora Silza explicó que cuatro pólizas de seguros se han activado para atender a las víctimas, sus familias y los posibles daños ambientales ocasionados por la explosión. Hasta el momento, la Comisión Nacional de Energía (CNE) no se ha pronunciado sobre la vigencia de los permisos de la unidad, ni sobre posibles sanciones a la empresa tras el incidente. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) decidió no emitir comentarios sobre el accidente “por respeto a las víctimas”. Sin embargo, precisó que la empresa involucrada no pertenece a la asociación y, por tanto, no puede opinar sobre su cumplimiento normativo. Rocío Robles, presidenta de Amexgas, destacó que el sector cuenta con suficiente regulación, incluso con una posible sobreregulación. “Habrá que esperar a conocer el análisis causa-raíz que tiene que emitir la ASEA para poder determinar responsabilidades y poder actuar en consecuencia, que puede ser sanciones económicas”, comentó.
Cumplimiento regulatorio Susana Cazorla, socia fundadora de la consultora SICEnergy, subrayó que la regulación es indispensable en actividades que involucran materiales peligrosos. “Hay un tema que siempre ha sido de la mayor importancia para los reguladores, que es el de los seguros por responsabilidad civil para protección de terceros; y el dueño de los expedientes de los permisionarios es la CNE, por lo que hay que consultarle si efectivamente el permisionario tiene sus pólizas activas”, apuntó. Cazorla añadió que no basta con la regulación sectorial: también es crucial atender la normativa vial para transporte de carga y materiales peligrosos en zonas urbanas y horarios de alta circulación. “Me parece que tiene que ver más con un tema de regulación vial en la Ciudad de México que con un tema de regulación de la industria. Habría que ver cuáles son las mejores prácticas internacionales para el uso de semirremolques de ese tamaño con contenido de productos peligrosos a plena hora de tráfico, en medio de la ciudad y donde las vías no son necesariamente óptimas”, señaló. “No es solo un tema que aplica al regulador sectorial, también al transporte”, concluyó, destacando la necesidad de coordinación entre distintos organismos. La CNE regula desde los permisos y tarifas hasta las inspecciones, la vigilancia del cumplimiento y la imposición de sanciones cuando corresponda. Además, mantiene un registro público de actividades de almacenamiento, transporte y venta de gas LP. El reglamento del sector de hidrocarburos, próximo a publicarse y derivado de la reforma constitucional de marzo, podría ajustar la carga regulatoria para las empresas, aumentando o simplificando los requisitos según lo que establezca la nueva normativa.
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