Estados y municipios enfrentan limitaciones financieras para el combate al cambio climático
Los estados y municipios representan la primera línea de defensa contra el cambio climático, dada su facultad de planeación de proyectos de infraestructura en agua, residuos, transporte, y saneamiento, que vayan en línea con los objetivos y compromisos climáticos; y por ser los que responden ante desastres como inundaciones, sequías y otros efectos derivados, contextualizó Avelina Ruiz, subdirectora de política climática de Iniciativa Climática México.
El costo de la implementación de las metas climáticas se calcula que entre 7% y 14% del Producto Interno Bruto (PIB) para los países de América Latina, “de este porcentaje, 80% recae en los municipios y los estados”, sin embargo, los gobiernos locales enfrentan limitaciones para financiar estas iniciativas, ya que se mueven en un contexto de escasa recaudación fiscal, fondos federales insuficientes, incertidumbre jurídica para alianzas público-privadas y falta de coordinación interinstitucional, añadió.
El financiamiento etiquetado para cambio climático en el presupuesto es menos del 1%, a través del anexo transversal, por lo cual las participaciones federales no necesariamente se destinan a proyectos con enfoque climática. A esto se suma que los gobiernos locales muchas veces carecen de equipos especializados para diseñar proyectos que cumplan con los requisitos de financiadores, ya sean nacionales o internacionales.
“Como no pueden tener obligaciones o préstamos con entidades extranjeras, las emisiones de deuda tienen que ser a través de la Secretaría de Hacienda o de la Banca de Desarrollo, lo cual limita sus opciones y requiere que los proyectos sean financieramente viables”, dijo Ruiz.
Colaboración con locales
Para resolver esta problemática, a Comunidad Climática Mexicana (CCM) presentó la Herramienta para la estructuración de proyectos climáticos subnacionales, para ayudar a transformar iniciativas locales en proyectos sólidos y alineados con los requisitos de financiamiento nacionales e internacionales.
La herramienta se construyó a partir de un ejercicio participativo con 12 gobiernos subnacionales, incluyendo estados como Baja California Sur, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas, así como municipios como Aculco (Estado de México), La Paz (Baja California Sur), Mérida (Yucatán) y Zapopan (Jalisco).
“Trabajamos más de un año intercambiando información sobre sus proyectos, necesidades y características, para que esta guía no solo beneficiara a esos 12 gobiernos, sino que fuera útil para más autoridades”, señalaron los desarrolladores, explicó Saúl Pereyra, gerente de acción climática del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) México.
La herramienta establece cuatro pilares clave para financiamiento climático subnacional, como modelos de negocio sólidos que eviten acciones aisladas; estructuras financieras robustas; enfoque de género e inclusión como criterio para agencias internacionales; y la medición clara del impacto climático. Incluye un listado de 60 bolsas de financiamiento nacionales e internacionales, con ejemplos de proyectos que obtuvieron recursos desde 1 millón hasta 300 millones de pesos, en áreas como manejo de residuos, transporte sustentable y soluciones basadas en naturaleza.
El instrumento digital y gratuito está dirigido a gobiernos estatales y municipales, así como a otros organismos públicos y consultores independientes que requieran recursos para desarrollar proyectos que atiendan la crisis climática. El tiempo que calculan los especialistas es de 12 meses hasta la obtención del financiamiento. Este esfuerzo de colaboración fue coordinado por la CCM, iniciativa conformada por la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), la ICM, el WRI, y el apoyo de UK Pact México.
