Esperanza para los océanos
Los océanos son el Bien Público global por excelencia, y por fin se están sentando las bases para su gobernanza y conservación. Esto, a través del Tratado sobre la Biodiversidad en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), o Tratado de Altamar. Fue adoptado por la ONU en junio de 2023, y llevado al umbral de su ratificación en la Cubre de los Océanos de Niza finalizada la semana pasada, auspiciada por el gobierno de Francia. Fue un éxito diplomático para Emmanuel Macron. Participaron más de 60 Jefes de Estado (no de México) y alrededor de 190 ministros, lo que revela un creciente compromiso político y diplomático. Nunca antes, tantos Jefes de Estado se habían reunido para discutir la conservación de los océanos. Más de 50 países ya han ratificado el Tratado (México no), aunque se requieren 60 para su entrada en vigor. Casi el 65% de los mares del planeta se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales como mares territoriales y Zonas Económicas Exclusivas. Son Bienes Públicos sin institucionalidad ni regulación adecuadas; son de todos y no son de nadie. Se cierne sobre ellos la Tragedia de los Recursos Comunes. Se sobrexplotan y contaminan, y son impactados gravemente por el calentamiento global: aumento en la temperatura del agua y acidificación. Especies y ecosistemas marinos son arrasados por enormes flotas pesqueras industriales subsidiadas – por lo general – de naciones desarrolladas. Países ribereños en vías de desarrollo vierten millones de toneladas de basura plástica y aguas contaminadas a través de las desembocaduras de los ríos. Y es inminente que la minería submarina destruya fondos marinos, sus ecosistemas y especies. Pero el Tratado de Altamar es una esperanza. En la Cumbre de Niza que terminó este sábado anterior, se le dio un impulso decisivo al BBNJ o Tratado de Alta Mar. Se logró una gran proyección política similar a las COP (Cumbres de Cambio Climático de noviembre). Y fue ratificado por 18 nuevos países, por lo que posiblemente entre en vigor en septiembre de 2025.
El Tratado de Alta Mar establece el primer marco legal para la creación de Áreas Marinas Protegidas en aguas internacionales o fuera de la jurisdicción de los Estados. En Niza se reiteró el objetivo de proteger al menos el 30% de los océanos para el 2030; y, se prometieron nuevas Áreas Marinas Protegidas, en especial, por parte de Francia, Grecia, Samoa y Colombia. (México, al parecer, no prometió nada sobre el imperativo cada día más urgente de decretar una gran Reserva de la Biósfera en el Mar de Cortés – el Acuario del Mundo – que se encuentra bajo presiones críticas). En Niza, 37 países (como Francia, Brasil, Canadá y España) se comprometieron a impedir la minería submarina hasta que existan regulaciones internacionales claras. Como siempre, se anunciaron compromisos financieros (insuficientes) para los países pobres (apenas 10 mil millones de dólares). Algo muy importante, se acordaron iniciativas para frenar la pesca de arrastre, que representa una de las prácticas productivas más devastadoras que existen; no obstante, no se llegó a un consenso para prohibirla. Se lanzaron nuevas plataformas de ciencia y tecnología marinas, así como de cooperación científica, uso de inteligencia artificial y drones de investigación. Igualmente, se dio impulso a las negociaciones para el Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, cuya próxima ronda será en Ginebra, este agosto. Se avanzó también en criterios para la repartición equitativa de beneficios derivados de recursos genéticos de organismos marinos. Muy relevante: creará procedimientos para la Evaluación de Impacto Ambiental de actividades como la minería submarina, y esperamos que también, de la pesca industrial. Cabe hacer notar la complejidad de las negociaciones para la regulación de los océanos fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que constituye un reto enorme de diplomacia internacional. Por un lado, se requiere consenso entre cerca de 200 gobiernos para aceptar un solo código de regulación para quienes usan y explotan los recursos marinos de Altamar. Por el otro lado, es preciso alinear los intereses de pequeños estados insulares, de países con grandes flotas de pesca industrial, y organizaciones civiles conservacionistas; esto lleva mucho tiempo y esfuerzos titánicos. Adicionalmente, deben diseñarse y construirse las entidades y mecanismos institucionales de gobernanza, hoy inexistentes, con suficiente solvencia política, legitimidad, y capacidades científicas y técnicas, y asegurar su financiamiento. (El saboteo o indiferencia de parte del Gobierno actual de los Estados Unidos, no ayuda). Desde luego que el Tratado de Altamar también debe de tener como contraparte el compromiso (ausente en México) de fortalecimiento de políticas nacionales de conservación de los mares, en términos de presupuestos, personal, equipamiento, institucionalidad, sistemas de regulación, y creación y manejo de grandes Áreas Marinas Protegidas. Ahí está el ejemplo, en México, de la creación, en 2017, del gran Parque Marino Nacional de Revillagigedo de 15 millones de hectáreas, y con prohibición total de pesca.
