Es necesario revisar las reglas de descentralización y responsabilidad fiscales
Los estados reciben recursos por Participaciones (Ramo-28), aportaciones (R-33) y convenios de desarrollo (parte del R-23). El uso de las participaciones es potestad de los estados, las aportaciones tienen destino específico por ley y los convenios se acuerdan individualmente.
Los destinos de las aportaciones incluyen gasto estatal en Salud, Educación y Seguridad Pública. Los estados costean la inversión pública local con participaciones y otras transferencias. Todo ello, áreas clave para el capital humano y la actividad económica.
El INEGI reporta la información en la estadística EFIPEM, con datos 2011 a 2023. De la EFIPEM se puede obtener el gasto total y el dirigido a los destinos clave señalados. Por ejemplo:
Al menos en los primeros 5 años del gobierno anterior, el gasto de los estados se redujo mientras que el de la federación aumentó.
Las erogaciones estatales en los sectores clave señalados cayeron de manera significativa.
Las caídas en educación y salud en 2019-2023 son delicadas por razones obvias, más aún considerando las necesidades por la pandemia. El gasto estatal en inversión y seguridad pública profundizó el declive: respecto a sus niveles de 2011, la inversión estatal en 2023 fue el 53% y el gasto en seguridad fue sólo el 15%.
De 2019 a 2023 el gasto de los estados coincide con la prioridad revelada del gobierno: cae en las áreas clave señaladas y el gasto federal aumenta. En particular, la Secretaría del Bienestar, que aloja a los programas sociales, aumentó su gasto 34.5% por año en promedio en esos años.
La caída en el gasto estatal en las áreas clave se debió a la fuerte reducción de los convenios con los estados, cuyos montos dependen críticamente de la voluntad de la federación. Ni las participaciones ni las aportaciones disminuyeron.
Los recursos para la Salud, Educación, Seguridad e inversión públicas se han contraído —prolongando reducciones previas en las últimas—. Hay indicios de insuficiencia de las finanzas públicas subnacionales en general.
La descentralización de Salud, Educación y Seguridad ha enfrentado problemas y la deficiencia de la infraestructura pública es evidente. Desde la secuela de la crisis global hace 15 años, el crecimiento de la economía ha declinado y los ingresos subnacionales no se han fortalecido. Las transferencias federales de recursos, dispersados vía los programas sociales, y el desarrollo en algunas zonas han apaciguado a la población.
La orientación de los recursos públicos estatales pone en un trayecto de precariedad al capital físico y humano y a la seguridad pública. Hay que revertir esta tendencia a fin de ordenar y definir la corresponsabilidad entre la federación y las entidades subnacionales, revisar las reglas de la coordinación de las responsabilidades y recursos que le corresponde a cada nivel de gobierno.
