Enfoque de México para implementar la legislación laboral necesita una mejora drástica: Experto

La decisión del panel del T-MEC en el caso de Atento Servicios es una victoria para los trabajadores, pero el enfoque del Gobierno mexicano para la implementación de la legislación laboral necesita una mejora drástica. 

Así lo manifestó Michael Wessel, presidente del Comité Asesor Laboral sobre Negociaciones Comerciales y Política Comercial de Estados Unidos, luego de la publicación sobre la decisión del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el caso de Atento Servicios.

El Comité Asesor Laboral sobre Negociaciones Comerciales y Política Comercial (LAC), dijo, valora los esfuerzos realizados por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo para implementar y hacer cumplir adecuadamente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC.

“La decisión final del Panel del T-MEC en el caso de Atento Servicios determinó correctamente que los abusos ocurrieron en una instalación cubierta, que a los trabajadores se les negaron ilegalmente sus derechos y que no se ha proporcionado una reparación adecuada por los abusos”, detalló..

Destacó que este resultado fue adecuado; sin embargo, “el caso no debió haber sido sometido a un panel. La remisión a un panel es un reflejo continuo de la incapacidad del gobierno de México para implementar, supervisar y hacer cumplir adecuadamente sus compromisos laborales bajo su propia constitución y ley, y sus compromisos bajo el T-MEC”.

Con una fuerte crítica dijo que el Comité Asesor Laboral sobre Negociaciones Comerciales y Política Comercial se opone firmemente a la opinión del gobierno de México de que “no cualquier violación de la Ley Federal del Trabajo (LFT) constituye una Denegación de Derechos. Más bien, la violación debe ser tan grave que a los trabajadores de la Instalación Cubierta se les prohíba, impida o niegue de manera absoluta, total, grave, maliciosa, manifiesta y de mala fe los derechos colectivos de libre asociación y negociación colectiva”.

Destacó que esta perspectiva crea un impedimento significativo para la expansión de los derechos de los trabajadores en México y es contraria tanto a la letra como a la intención del T-MEC.

“Poner la carga de la prueba en los trabajadores afectados para que investiguen las cadenas de suministro de las empresas multinacionales es irrazonable y un factor disuasorio significativo para los trabajadores, quienes a menudo carecen de la capacidad para investigar todas las relaciones económicas de la empresa”, indicó.

La denegación de derechos en este caso se ha producido de forma continua desde 2022. Estados Unidos solicitó una revisión en abril de 2024, y la decisión del panel se produce 16 meses después.

“Durante todo ese tiempo, a los trabajadores se les ha negado una representación democrática efectiva. Y es posible que no la obtengan ahora si el gobierno mexicano continúa resistiéndose. En este caso, el sindicato que presentó la demanda (STRM) es una organización consolidada con recursos financieros y legales para apoyar a los trabajadores despedidos injustamente, pero en muchos casos, esta presión y demora por parte del gobierno habrían destruido la campaña de organización”.