En México hay más de 1,000 sistemas de pensiones

En México existen más de 1,000 sistemas de pensiones financiados con recursos públicos, todos ellos diferentes y la mayoría descapitalizados. Entre todos consumen 23% del presupuesto de egresos de la federación.
Entre ellos destacan el que sirve para pensionar a trabajadores del sector privado que cotizaron en el IMSS; el que pensiona a los trabajadores del IMSS (que no es igual al anterior); el que pensiona a los que cotizaron en el ISSSTE; el que es para las Empresas Productivas del Estado como Pemex y CFE; ISSFAM; Pensión del Bienestar; Pensión del Bienestar para Adultos Mayores; los esquemas estatales; el de municipios; los de los poderes judiciales; el del banco de México; los de las policías y los de la banca de desarrollo y fuerzas armadas.
De acuerdo con el actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal, perito valuador de sistemas de pensiones y dictaminador de planes de pensiones, hay tres grandes grupos de pensionados en el país.
El primero, lo integran los que no están afiliados a sistemas de pensiones contributivas y representan alrededor de 55% de la Población Económicamente Activa. Son alrededor de 35 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social contributiva. Solo tienen acceso a la Pensión del Bienestar.
El segundo lo integran los afiliados al IMSS y representa alrededor de 33% de la Población Económicamente Activa. Éste se divide además en dos grupos que son los que ingresaron a trabajar antes de 1997 y los que ingresaron después de ese año, que son los que están en el sistema de cuentas individuales de las Afores, en donde los trabajadores reciben de pensión lo que ahorraron.
El especialista dijo que hasta antes de la reforma de 2020 las pensiones del IMSS no iban a superar el 25% del sueldo del trabajador lo cual constituía un problema social gravísimo.
En 2024 se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual, si tienen 65 años de edad, los trabajadores se pueden pensionar con el equivalente al 100% de su salario siempre y cuando no exceda 16,777 pesos mensuales que es el salario promedio registrado en el IMSS. Funciona como un complemento al monto de la pensión que otorga el IMSS.
Además, hay un tercer grupo que lo integran los servidores públicos y trabajadores universitarios que representan alrededor de 12% de la Población Económicamente Activa.
Hasta antes de las reformas de pensiones se les pensionaba cumpliendo entre 25 y 30 años de servicio, sin importar la edad con el equivalente a 100% de su último sueldo.
De acuerdo con el actuario, en 2015 el gobierno federal destinaba a pensiones 589,238 millones de pesos, cifra que se incrementó a 1.19 billones en 2020 y este 2025 serán dos billones 139,007 millones de pesos que equivalen a 23% del presupuesto. Incluye todo tipo de pensiones.
El especialista dijo que esa enorme diversidad complica implementar una política de seguridad social eficiente.
Además, modificar cada uno de esos esquemas tiene una complejidad política muy grande.
Por otra parte, comentó que las principales causas de descapitalización del sistema de pensiones son el incremento de la esperanza de vida (actualmente es de 76 años), decremento en la tasa de natalidad, la inexistencia de normatividad para la creación de reservas; el reconocimiento de antigüedad; tasas bajas de interés; insuficiencia de aportaciones y la inexistencia de sueldo regulador.
El especialista dijo que es necesario crear un grupo interdisciplinario de expertos que analice los temas económicos, políticos, sociales y jurídicos relacionados con todos los sistemas de pensiones que operan en el país, que rescate los aciertos de cada uno de ellos, corrija sus deficiencias y proponga soluciones para cada uno de ellos y solucione el problema financiero y social que representan.
“No es posible que el problema financiero más grave que tenemos como federación no lo atienda nadie hoy en el Ejecutivo”, con todo y que representa 23% del presupuesto federal”, mencionó.
En su opinión, debería haber una secretaría de seguridad social que marque la política pública en la materia, con poder político y económico para poder reclamar que se hagan las cosas. Además, es necesario contar con una ley marco nacional que, cuidando autonomías, rija todos los sistemas de pensiones del país y ponga los techos mínimos y máximos de las prestaciones que pueden ofrecer.
No es posible que un cabildo de un municipio apruebe pensiones a los 10 años de servicio sin importar la edad, indicó.