El T-MEC, la última esperanza
Desde la semana pasada se han hecho públicas las posturas de diversas asociaciones, cámaras y autoridades en Estados Unidos, que se encuentran preocupadas por muchas de las recientes reformas constitucionales y legales que se han aprobado en México, y que ponen en riesgo las inversiones de las empresas americanas en nuestro país, o incluso son violatorias del T-MEC.
A través de la Motion Picture Association, empresas como Sony, Netflix, Universal, Disney y Amazon, transmitieron al Gobierno americano su preocupación por la reforma judicial mexicana que podría derivar en censura a los medios de comunicación, e incertidumbre en las inversiones audiovisuales. También en el Reporte sobre Clima de Inversión elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para 2025, se abordó la elección del Poder Judicial en México y la extinción de diversos órganos autónomos, como elementos desfavorables a la inversión.
Por su parte, la US Chamber of Commerce ha participado en los paneles y consultas en preparación para la renegociación del T-MEC, solicitando a los negociadores la revisión de las prácticas agresivas y poco transparentes del SAT. Además, un grupo de congresistas, tanto demócratas como republicanos, exigieron al Gobierno americano activar un panel de arbitraje contra la política energética de México, con el respaldo de más de 600 empresas petroleras, y casi 1,000 relacionadas con la energía limpia.
Parece que la iniciativa privada en el país vecino está empezando a dimensionar el alcance del llamado Plan “C” orquestado por Morena, y que la preocupación por sus inversiones en México incluso ha logrado la comunión entre partidos opositores en Estados Unidos.
Mientras tanto, los ciudadanos y empresas mexicanas, que ya agotaron todos sus esfuerzos en la cancha local para detener los ataques legislativos de Morena, de manera involuntaria han ido depositando sus últimas esperanzas en la próxima renegociación del T-MEC. Las industrias y cámaras empresariales hicieron todo lo posible por contener las ocurrencias legislativas del oficialismo desde los procesos parlamentarios. Ni los conversatorios, ni las marchas, ni los postulamientos y advertencias públicas de asociaciones y expertos pudieron detener la imposición desordenada de reformas sin sentido, que se aprobaban por la supermayoría en cuestión de días u horas, con el impulso del poder acumulado en exceso, y el resentimiento contra la oposición.
Con una Constitución ya muy debilitada, los abogados nos aferramos al llamado bloque de constitucionalidad, que coloca a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución, y obliga al Gobierno mexicano a respetarlos para proteger los derechos de los ciudadanos. Cualquiera se hubiera imaginado que los tratados sobre derechos humanos jugarían un papel estelar en esta situación, pero la realidad es que los pactos internacionales para proteger derechos humanos no son fáciles de ejecutar. En la práctica, es muy difícil que un Estado extranjero o instancia internacional intervenga con fuerza en la “soberanía” de un país, para defender los derechos humanos de sus ciudadanos, salvo en casos extremos.
A diferencia de esta clase de tratados, los tratados en materia de comercio, como el T-MEC, sí tienen una contraparte con intereses políticos y económicos directamente involucrados en el acuerdo. Cualquier violación al T-MEC, por ejemplo, podría tener un impacto económico directo sobre las inversiones de cientos de empresas americanas, quienes naturalmente presionarán a su Gobierno para exigir el cumplimiento a México.
En este sentido, y considerando que los únicos contrapesos que parecen haber tenido un efecto sobre el Gobierno de Sheinbaum, provienen de factores extranjeros, como el tipo de cambio y los aranceles, muchos mexicanos tenemos las esperanzas puestas en la renegociación del T-MEC, esperando que con ella se puedan revertir o suavizar los riesgos derivados de la reforma judicial, la reforma de amparo, la de telecomunicaciones, la desaparición del INAI, y todas las que han dañado el Estado de Derecho. Quizá los esfuerzos del Gobierno americano para proteger a sus inversionistas puedan tener algún efecto, aunque sea de rebote, que beneficie a los mexicanos.
