El sistema de lavado narco-chino en México
La Red de Control de Crímenes Financieros (Financial Crimes Enforcement Network o FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU informó el jueves pasado que, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, las instituciones financieras de ese país presentaron 137,153 reportes de actividad sospechosa vinculados a redes chinas que lavan dinero de cárteles mexicanos, por un total de 312,000 millones de dólares. Aunque estos datos corresponden al sistema financiero de EU, sirven para dimensionar un problema que en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconoce, pero rara vez persigue.
Los cárteles exportan drogas y después deben convertir miles de millones de dólares en efectivo en pesos utilizables dentro de México. Ahí aparecen las redes chinas.
En México existen límites estrictos para depositar dólares en bancos. En China, la ley impide enviar al extranjero más de 50,000 dólares por persona al año. De un lado, los cárteles acumulan dólares que no pueden bancarizar; del otro, miles de chinos buscan comprarlos fuera del sistema oficial. Es la base de la alianza. En EU las autoridades enfrentan un límite adicional: no pueden procesar a esos compradores porque, al adquirir dólares, no cometen un delito tipificado; la ilegalidad está en el origen del dinero, no en la transacción final.
El mecanismo funciona como un trueque con ganancia asegurada para el intermediario. El narcotraficante entrega sus dólares con descuento porque necesita deshacerse de ellos rápido. El intermediario chino los coloca en el mercado negro: se los vende más caros a clientes chinos que buscan dólares en EU, y al mismo tiempo deposita pesos en México usando prestanombres o empresas fachada. Por organizar todo cobra también una comisión. Así gana dos veces. Al final, el cártel recibe pesos en México y el cliente chino obtiene los dólares que quería en EU.
La UIF ha señalado que el sector inmobiliario es uno de los principales canales para meter dinero sucio a la economía. Solo en 2022 recibió 321,635 reportes de operaciones inusuales del sistema financiero y, en paralelo, el régimen de Actividades Vulnerables —giros como inmuebles, joyas o casinos que la Ley Antilavado obliga a reportar— generó poco más de un millón de avisos.
Este sistema no depende de unos cuantos genios financieros, sino de miles de personas y empresas en México: prestanombres, contadores, abogados, notarios, agentes inmobiliarios, funcionarios bancarios y empresas fachada. La economía formal y la criminal quedan entrelazadas.
Los casos judicializados representan menos del 0.1% de lo que circula realmente. De acuerdo con estimaciones de la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force), entre 2 y 5% del PIB mexicano proviene de flujos ilícitos: entre 665,000 millones y 1.66 billones de pesos anuales, lo que significa que parte del crecimiento descansa en capital criminal. Ese dinero suma al PIB, pero deforma precios, destruye la competencia y alimenta la corrupción y la violencia.
Los cárteles encontraron en las redes chinas al socio perfecto para lavar fortunas; México, en cambio, tolera una red de miles de cómplices que los apoyan. El país crece… pero con un tumor maligno que lo corroe.
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