El padrón de telefonía también impactará a 13 millones de indígenas y migrantes, y a BAIT y Movistar
El nuevo padrón de telefonía de México podría convertirse en otro obstáculo para los 12 millones de mexicanos de áreas remotas y de escasos recursos que todavía no han conseguido conectarse a Internet, debido a los costos operativos que absorberán las operadoras de servicio en el registro de usuarios que pertenecen a un mercado poco o nada rentable.
El reto será el mismo para cualquier paraestatal que tenga planes de ofrecer una telefonía celular o Internet móvil de tipo social para esos usuarios, por lo que entonces el dilema de México con el nuevo registro de números telefónicos no sólo está en el tema financiero, sino en su apresurado diseño.
Pero no sólo los indígenas mexicanos resultarán afectados por esta iniciativa cuyo fin está en combatir al crimen organizado, porque también más de 1 millón de migrantes en situación irregular y que transitan por México en su sueño por entrar en Estados Unidos quedarán desconectados, porque las disposiciones del nuevo padrón establecen que los extranjeros en México deberán registrar sus líneas telefónicas con un documento que acredite su situación legal en el país, de lo contrario su número telefónico quedará desactivado en algún momento.
El problema no es sólo para las personas usuarias, porque los lineamientos para la creación del nuevo padrón de telefonía de México también pondrá en aprietos adicionales a las telefónicas BAIT y Movistar, que cada una en su propio contexto de operación, podría ser afectada de una manera complementaria al costo económico en el que todas las empresas incurrirán con el registro de sus respectivos usuarios.
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Esto, porque en el hipotético caso de que Telefónica logre en los siguientes meses la cantada venta de Movistar que fue anunciada desde hace siete años, el comprador tendrá menos tiempo para llegar a México y entender el entramado del mercado local, para inmediatamente disponer de capital humano y dinero para registrar a los 21 millones de usuarios que Telefónica tenía en septiembre de 2025 en este país. Es decir, el comprador de Movistar México no tendrá un tiempo de gracia para comprender qué fue lo que compró, porque tendrá que cumplir con los tiempos del nuevo padrón de telefonía.
BAIT pudiera ser el otro afectado, aunque de una manera todavía no muy clara, pues de acuerdo con los lineamientos las compañías proveedoras de servicios móviles deberán registrar a sus usuarios con una línea celular activa y BAIT definió tener una medición propia para catalogar a un usuario como “activo”. En lo que se consideró en la industria como un acto de rebeldía, BAIT contabiliza a sus usuarios activos a aquellos que usaron por lo menos una vez su servicio en un periodo de seis meses, cuando la determinación del regulador es de tres meses.
A pesar de esta duda, se estima que BAIT será el operador móvil virtual mejor posicionado para enfrentar los costos financieros de registrar a los 23 millones de clientes que informa atender. En principio, porque cuenta con Walmart como matriz y sobre todo, porque el tamaño de su parque de usuarios le otorgan un poder para suficiente negociar con Altán Redes una serie de tarifas mayoristas más atractivas que las que pudiera conseguir otro operador móvil virtual de menor tamaño en lo que serán los accesos de gestión y registro del nuevo padrón de telefonía.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), creadora de los lineamientos del nuevo padrón de telefonía, tiene entonces la oportunidad de, primero, ampliar los plazos de este registro, cuya etapa de consulta vence el 27 de noviembre, y luego de definir nuevamente los criterios, que, por ejemplo, tienen que ver con los indígenas para no convertirse en un obstáculo para las políticas públicas de inclusión digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
“El diseño de estos lineamientos parece ser contrario a la política pública de este país en este momento de necesidad de conectividad. El objetivo es que más personas alcancen más servicios de telecomunicaciones, pero con esta propuesta regulatoria, se limita o se obstaculiza ese objetivo de política pública”, dijo Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting.
El secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, valoró en una entrevista con este medio que en México habría hasta 16 millones de personas sin un acceso digno a Internet y que el objetivo de este gobierno con la ATDT está en conectar a 12 millones de mexicanos.
“Existen algunas estimaciones de la industria que cuentan que los operadores dejan de ir a este tipo de localidades, cuando el despliegue de infraestructura es difícil de retornar tras los costos; cuando supera por ahí del 70-80% de la inversión; o sea, que sólo les va a redituar el 30% o menos y los costos de este registro van emparejados con un aumento en el costo de la tarifa, porque alguien tiene que pagar esos costos; porque Telcel no lo va a hacer disminuyendo sus ganancias y no lo va a hacer Altán cuando tiene escasos recursos financieros y no lo va poder hacer CFE con sus tarifas. Tendrá eso que ir asociado con incremento para esos usuarios y entonces va a ser todavía más costoso llegar a esas personas que todavía no tienen un acceso a Internet en México”, dijo Isabel Reza.
El nuevo padrón de telefonía ya es un dolor de cabeza para la industria de telecomunicaciones en México, porque de algún lugar tendrán que salir los 220 millones de dólares que costará la infraestructura para su creación, según las primeras valoraciones de la CRT, y también será un reto de cara el Mundial de la FIFA en México por la obligación para los viajeros de tener que registrar sus números telefónicos, si es que quieren usar un servicio celular aquí.
Y es que en México, una iniciativa de seguridad de alcance federal para combatir al crimen organizado dispuso de la creación de un registro nacional de las líneas telefónicas móviles, lo que significa que cada línea celular tendrá que estar asociada de manera obligatoria a una persona física o moral y mediante el uso de la CURP de los usuarios, y para hacer todo eso se necesita de la infraestructura adecuada.
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En cuanto los migrantes en situación irregular en México, la cifra de ellos ronda el millón de personas. En la danza de las cifras, el propio gobierno de México los cifra en 590,690 migrantes en 2024 y en 113,612 hasta mayo del año 2025. Pero la ONU estima que los migrantes irregulares en México sumarían 1.2 millones en 2024 y de ellos, 88% serían personas adultas y por tanto, los directamente afectados, si de pronto llegasen a perder su conexión telefónica celular por no poder registrarse en el nuevo padrón de telefonía.
En la menor de las cifras estimadas para los migrantes, el número de ellos en riesgo de quedar desconectados sumaría tantos como el volumen de usuarios móviles que tenía la división celular de Megacable en el tercer trimestre: 640,000 accesos.
Entonces, “Va a ser una transición compleja con este registro. Y en el caso de las empresas, no hay esta posibilidad de: ‘A ver, dame CRT un tiempo de gracia por comprar Movistar; y en lo que llego, analizo, estudio…’. No, no será así. Llegas a México y si vas a operar, esta es la regulación que hay”, consideró Carolina Cabello, consultora senior en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting.
“Es muy injusto que los lineamientos no nos dan una ventana de gracia para este caso, si entran en vigor los lineamientos y Telefónica está en un proceso de venta con una empresa equis, pues la empresa que compre los clientes, tendrá a lo mejor menos tiempo para poder dar de alta o para desarrollar su plataforma en 30 días. Si la venta se hace el día 20, tendrá 10 días para dar de alta a sus plataformas. Empezará a correr el tiempo. Es de lo perfectible de estos lineamientos”.
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