El horror vacui de la 4T
Una de las características comunes del autoritarismo es el horror vacui. No les basta llegar al poder político, necesitan extenderse a todos los niveles, controlarlo todo, decidir por quién votar, qué fumar, qué comer, a qué aspirar, cómo vestirse y hablar. Para ello, van controlando las instituciones públicas, pero también las privadas, influyen en las costumbres, el lenguaje; deciden lo que es correcto y lo que no.
Hace varios años, en 2019, cuando el gobierno de AMLO no había cumplido el año, escribí en este diario que me ha acogido con generosidad, que su mandato avanzaba a una especie de golpe de Estado en cámara lenta. Teniendo bajo su mando a las fuerzas armadas logró lo que no pudieron Calderón o Peña: ganarlas para su bando. Lo logró gracias a grandes concesiones en negocios y tareas normalmente reservadas a los civiles.
Comenzó a hacer cambios legales y extralegales, llevó a cabo fuertes campañas acusando de corrupción a empresas privadas dedicadas a una amplia gama de actividades (p. ej. Farmacéuticas, de producción de energía). En realidad, no le costó trabajo someterlas. A las más leales les dio jugosos contratos.
Ya se sabe que logró hacia el final de su mandato el control del Congreso y ahora el del Poder Judicial, el INE y el TEPJF. A los medios los acorraló hasta que muchos, no todos, decidieron no confrontarlo. En este último campo, la 4T ha emprendido una especie de cruzada para censurar a quienes se resisten. Censura de república bananera en Campeche y Puebla y una censura más sutil desde el gobierno federal.
Desde hace años, el crimen organizado (CO) logró controlar casi toda la prensa de los estados a través de asesinatos, secuestros y amenazas. Muchas veces fue notoria la alianza que tenía el CO con funcionarios y representantes populares. Criticar a un presidente municipal u otro funcionario local podía equivaler a una sentencia de muerte.
La organización Artículo 19 señaló que 172 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 por su labor. En el sexenio de AMLO hubo 47 de estas muertes y en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum se contabilizan cinco. Se dirá que estas muertes no son responsabilidad del gobierno federal o los gobiernos estatales. Esto es de dudarse por los lazos entre algunos gobiernos y el CO, pero al final todos estos asesinatos son responsabilidad del gobierno. Al no dar una efectiva protección o dejar impunes a los asesinos intelectuales, está mandando el mensaje que esta censura es tolerable.
No basta que la presidenta se pare en las mañaneras y diga que su gobierno no censura y que la 4T aboga por la libertad de prensa si no condena clara y tajantemente la ley censura de Puebla, como ha sido llamada, que castiga el delito de ciberasedio contra quienes en redes sociales o cualquier medio digital insulten u ofendan a otra persona. Artículo 19 y otras organizaciones han dicho que esta ley es muy ambigua y existen riesgos para la libertad de expresión. Ya en vigor, el gobernador llamó a consultar la Ley. Los modos de la 4T.
Sheinbaum también fue tibia y no criticó lo que sucedió en Campeche, donde una jueza vinculó a proceso al periodista y exdirector del diario Tribuna, Jorge Luis González, por presunta incitación al odio y la violencia contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche. El colmo fue que se ordenó el cierre de la página Tribuna y una suspensión de dos años contra el periodista, entre otras penalidades.
Por supuesto, el telón de fondo del control de los medios electrónicos y por internet es la Ley Federal de Telecomunicaciones, actualmente en el Congreso. Al respecto, se hizo una consulta, una serie de reformas y se aprobará la semana entrante en un periodo extraordinario. Varios expertos señalan que, a pesar de los cambios, sigue conservando ambigüedades y elementos preocupantes.
Los misteriosos despidos o “salidas” de algunos periodistas, algunos muy exitosos, también pueden ser una manera de acallar las voces críticas. Sea porque los dueños tomaron la decisión para no confrontarse con el gobierno o por “sugerencia” de este, en el sexenio pasado hubo muchos de estos casos. Algunos de ellos son: Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Rubén Cortés, Víctor Trujillo, Ricardo Rocha (QEPD), Federico Berrueto, Javier Solórzano, Sergio Sarmiento, Azucena Uresti, entre muchos otros.
Le podemos agregar los acosos o amenazas judiciales contra Héctor de Mauleón, Lourdes Mendosa, Raymundo Riva Palacio, Denise Dresser; o el intento de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva. No, los casos de censura abierta o discreta no son aislados, revelan un patrón de comportamiento que tiene detrás a un gobierno con intención de minimizar o acallar las críticas.
Si dejamos que estas voces se apaguen entraremos en una larga noche de autoritarismo y represión. Más allá de simpatías y antipatías, alcemos la voz para que ellos y ellas no callen.
