El futuro digital de México
La transformación digital representa mucho más que la simple adopción de nuevas tecnologías en las organizaciones. Es un proceso profundo de cambio estructural, cultural y estratégico que busca redefinir cómo operan las empresas, cómo se relacionan los gobiernos con los ciudadanos y cómo las personas acceden a servicios, información y oportunidades. Se trata de una transición hacia un modelo donde la tecnología se integra en todos los aspectos de la vida productiva y social, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la competitividad y el bienestar general.
Sin embargo, existe la creencia errónea de que este proceso de digitalización exhibe condiciones similares en entornos privados y públicos. La transformación en una entidad privada ocurre en un ambiente controlado donde todos los actores responden a un ente central que determina los tiempos de implementación de cada paso de la digitalización.
Mientras que en el sector público la transformación digital se da de forma horizontal entre dependencias muchas veces autónomas que no se coordinan entre si al momento de definir su estrategia tecnológica. Asimismo, esta vertiente horizontal debería estar acompañada por una vertical donde las jurisdicciones federal, estatal y local teóricamente colaborarían para intercambiar experiencias e información. La realidad es muy distinta y hace casi imposible una digitalización total de las distintas dependencias gubernamentales.
En el contexto mexicano, la transformación digital cobra una relevancia particular. A pesar de los avances en conectividad y digitalización, aún persisten brechas significativas que dificultan una adopción equitativa y efectiva de estas herramientas. La disparidad en el acceso a Internet entre zonas urbanas y rurales es un claro ejemplo. Mientras en las ciudades la mayoría de los hogares tienen acceso a la red, en las regiones rurales el porcentaje se reduce considerablemente.
Según cifras del INEGI para 2023 el 81.2% de los mexicanos (97 millones de personas) eran usuarios de Internet. No obstante, la mayoría de las personas accedía a este servicio por medio de redes celulares, lo que podría impactar la experiencia de usuario que se tendrían desde una conexión fija a diversos servicios de gobierno electrónico. Asimismo, la cantidad de personas accediendo a Internet en zonas urbanas (85.6%) supera ampliamente aquellas de zonas rurales (66%) no solo en cantidad sino en velocidad de las conexiones. Todas estas asimetrías impactan negativamente la adopción de servicios digitales por quienes más podrían beneficiarse de los mismos.
Tratando de mirar las consecuencias reales, esta desigualdad se traduce en limitaciones para acceder a educación, salud, servicios financieros y oportunidades laborales, lo que perpetúa ciclos de exclusión social y económica. Parte de estos problemas podrían solventarse con iniciativas educativas enfocadas en explicar a la población los beneficios de estar conectados a Internet en términos que puedan ser entendidos, por ejemplo, el ahorro en tiempo y dinero que se puede lograr en procesos gubernamentales o con el simple uso de servicios bancarios digitales.
Otro obstáculo importante es la falta de infraestructura tecnológica adecuada. Muchas regiones del país carecen de redes de fibra óptica, cobertura móvil eficiente o soluciones satelitales accesibles a los segmentos de la población con bajo poder adquisitivo. Sin estas bases físicas, resulta difícil implementar servicios digitales de calidad. Además, el marco regulatorio nacional no siempre se adapta con la velocidad que exige la innovación tecnológica. La asignación del espectro, los permisos para instalar infraestructura, la protección de datos personales y las leyes sobre comercio electrónico son áreas que requieren atención urgente.
Una regulación moderna, clara y flexible es clave para generar confianza y fomentar la inversión. De igual forma, un entorno regulatorio de constantes cambios donde la discrecionalidad ejecutiva sea quien dicte la regulación del sector contribuiría negativamente a su sano desarrollo. La experiencia latinoamericana muestra que en aquellos mercados donde el ejecutivo se ha mantenido alejado del día a día de los entes de regulación para las tecnologías de información y comunicaciones el progreso de estos entes se hace palpable en el mercado. Las intervenciones directas que interrumpen el trabajo de estas entidades se traducen en la proliferación de ineficiencias y un alto o merma en la inversión por parte de los distintos actores de la industria. Ante la falta de un esquema jurídico estable, prefieren pecar de precaución.
Regresando a la transformación digital interna de las empresas, es claro que la resistencia al cambio dentro de las organizaciones también frena el avance digital. Muchas entidades, especialmente pequeñas y medianas, no cuentan con una estrategia digital clara. A menudo, los líderes desconocen los beneficios de la transformación o temen las consecuencias de modificar procesos tradicionales. Esto se agrava por la falta de talento capacitado. México enfrenta una escasez de profesionales con habilidades digitales en campos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial o el análisis de datos. La educación formal y la capacitación continua deben adaptarse para formar a una nueva generación de trabajadores digitales. Según cifras de Manpower para 2024, México enfrenta a una escasez de talento en tecnología del 74% y el 69% de los empleadores está enfrentando dificultades en llenar los puestos de trabajo que precisan de profesiones con carreras técnicas.
Por otra parte, el acceso a la transformación digital no puede depender únicamente del sector privado. Las inversiones necesarias para impulsar este cambio, particularmente en sectores vulnerables o poco rentables desde el punto de vista comercial, requieren del compromiso del Estado. Es fundamental articular una política pública nacional que combine financiamiento, regulación e incentivos para la innovación.
La transformación digital no es un destino, sino un proceso continuo. A medida que surgen nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, la computación en la nube o el blockchain, también aparecen nuevos retos éticos, sociales y económicos. La digitalización debe estar orientada al bienestar humano y al desarrollo sostenible. De lo contrario, existe el riesgo de ampliar las brechas existentes y consolidar un ecosistema tecnológico excluyente.
En conclusión, México enfrenta una gran oportunidad: aprovechar la transformación digital como una herramienta para construir un país más justo, competitivo e innovador. Pero esto solo será posible si se alinean los esfuerzos del sector público, el privado, la academia y la sociedad civil. Es necesario invertir en infraestructura, actualizar marcos legales, formar talento y, sobre todo, entender que la transformación digital no se trata solo de tecnología, sino de poner a las personas en el centro del cambio.
