El fin del derecho de nacimiento en EU pone a millones en riesgo de apatridia

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El presidente de Estados Unidos firmó un decreto en el primer día de su presidencia para terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un principio que está consagrado en la Constitución desde hace 160 años. Si los planes del presidente, en este momento detenidos por las corte federal, se implementan, miles de niños cada año se quedarían sin la nacionalidad estadounidense y, en muchos casos sin ninguna otra nacionalidad, lo que les limitaría el ejercicio de múltiples derechos y servicios estatales.

¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento?

En Estados Unidos, el principio de Ciudadanía por nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residan”, indica la enmienda constitucional. Estados Unidos tiene la ciudadanía por derecho de nacimiento para garantizar que los descendientes de personas traídas a este país contra su voluntad y vendidas como esclavos sean ciudadanos. En 1857, el entonces presidente de la Corte Suprema, Roger B. Taney, escribió para una mayoría de 7 a 2 que ningún descendiente de una persona esclavizada podía ser ciudadano estadounidense. Esta era una resolución sobre el caso de Dred Scott, quien era un hombre esclavizado de Missouri que había vivido en territorios libres con su patrón, un cirujano del ejército. Demandó la libertad tras regresar a Missouri. La decisión fue anulada por la Decimotercera Enmienda, que abolió la esclavitud, y por la Decimocuarta Enmienda, que garantizaba que toda persona nacida en Estados Unidos era ciudadana del país y estaba protegida por su Carta de Derechos.

Ius sanguini Ius soli La orden ejecutiva de Trump y el bloqueo de la corte federal

La parte relativa a la jurisdicción crea una excepción muy estrecha que hasta ahora se aplicaba esencialmente solo a los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados. Aparte de eso, no se ha considerado que la ciudadanía o el estatus migratorio de los padres de una persona tenga ningún efecto sobre este derecho. De acuerdo con el principio Ius sanguini, la nacionalidad por nacimiento se adquiere con base en la nacionalidad de sus padre. Es el principio más utilizado en Europa. De acuerdo con este, la nacionalidad por nacimiento se determina por el lugar donde ella misma ha nacido. Aunque Trump asegura que solo Estados Unidos otorga la ciudadanía por nacer en su territorio, lo cierto es que más de dos docenas de países otorgan la nacionalidad por el principio Ius soli. El principio Ius soli se suele usar en países anglosajones, como Estados Unidos y Canadá, y en aquellos que vivieron inmigraciones masivas durante los últimos siglos. Muchos países de América, incluido México, siguen este principio. En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva destinada a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio fundamental que concede la ciudadanía estadounidense a todos los niños nacidos en suelo estadounidense.

No tardaron en presentarse demandas contra la orden, y jueces de varios estados dictaron órdenes judiciales a nivel nacional para impedir que entrara en vigor. El 27 de junio, la Corte Suprema se puso mayoritariamente del lado del gobierno de Trump. Aunque no dictaminó sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, rechazó las órdenes judiciales a nivel nacional que habían bloqueado la orden, con lo que despejó el camino para que se aplique, al menos temporalmente, en la mayoría de los estados, aunque no declaró que esta política sea legal o acorde con la Constitución. Sin embargo, dos semanas después de la decisión de la Corte Suprema, un juez federal bloqueó a nivel nacional la aplicación del decreto. Además prohibió que el decreto de Trump entrara en vigor en un plazo de 30 días, es decir hasta el 27 de julio, y dejó abierta la posibilidad de que los jueces aceptaran demandas colectivas. Las organizaciones de defensa de los migrantes aprovecharon la ocasión para seguir batallando contra el decreto y pidieron el estatus de acción colectiva en algunas demandas. Este jueves, el juez federal Joseph Laplante de New Hampshire (noreste) accedió y les permitirá representar a cualquier bebé cuya ciudadanía se vea amenazada por el decreto de Trump.

“El tribunal concede la petición de los demandantes para la certificación provisional de acción colectiva” porque cumple “con los requisitos”, afirma el fallo. Esto permite al juez bloquear el decreto a nivel nacional.

¿Qué es la apatridia? El derecho internacional define a un apátrida como “una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación”. De forma más sencilla, esto quiere decir que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Algunas personas ya nacen en una situación de apatridia, mientras que otras se convierten en apátridas. La apatridia a menudo impacta de forma grave y de por vida a los afectados. Los millones de personas a las que se les niega una nacionalidad en todo el mundo luchan por los mismos derechos fundamentales que la mayoría de nosotros damos por sentado. Con frecuencia, se ven excluidas desde el principio hasta el final de sus vidas, ya que se les deniega una identidad legal al nacer, el acceso a la educación, a atención médica, al matrimonio o a oportunidades laborales durante toda su vida, e incluso la dignidad de recibir un entierro oficial y que se emita un certificado de defunción cuando fallecen. En muchos casos transmiten la apatridia a sus hijos, que a su vez la transmiten a las siguientes generaciones.

Organizaciones que protegen los derechos de los migrantes denuncian que muchos niños hijos de inmigrantes irregulares se aceptan vivir en situación de apatridia, con todas las desventajas que esto incluye. “Si el decreto se mantiene”, escribieron abogados que llevan el caso ante el juez Laplante, “esos niños enfrentarán numerosos obstáculos para vivir en Estados Unidos, incluyendo el estigma y la posible apatridia; la pérdida de su derecho a votar, a formar parte de jurados federales y a ocupar numerosos cargos electivos, y a trabajar en diversos empleos federales; la inelegibilidad para diversos programas federales; y la posibilidad de arresto, detención y deportación a países que tal vez nunca hayan visitado”. La reacción de México La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reforzó las acciones de apoyo de los consulados mexicanos en Estados Unidos para defender a los connacionales y sus familias ante el posible riesgo de deportaciones. El plan contempla la protección consular en materia legal a través del Programa de Asistencia Jurídica, que se fortaleció con 329 contratos para asesorías legales externas en materia civil, laboral, penal, migratoria y administrativa. El canciller Juan Ramón de la Fuente explicó que el objetivo es que, ante eventuales detenciones, se respete el debido proceso y las autoridades estadounidenses avisen a los consulados mexicanos.

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