El engrudo de la reforma de las 40 horas
El gobierno federal tomó hace unos meses el liderazgo en la reforma de la jornada laboral, pero trazó un calendario que no ha cumplido. Hoy, el silencio de las autoridades laborales ante el proyecto abre una gran interrogante: ¿La reducción de la jornada resultó más complicada de lo que se pensaba o el entorno económico y comercial ha presionado para posponerla?
El 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para 2030 México tendría una jornada de 40 horas semanales. El compromiso estaba acompañado de una hoja de ruta definida por la Secretaría del Trabajo (STPS) que incluía seis foros nacionales en junio y julio, conclusiones el 14 de julio, un proyecto de ley el 31 de julio y la presentación formal de la iniciativa legislativa el 1 de septiembre. En el papel, todo parecía bien encaminado.
Los foros se realizaron y contaron con la participación de sindicatos, empresarios, académicos y organismos internacionales como la OIT y la OCDE. Las coincidencias entre las partes –con sus matices sectoriales, obviamente– se centraron en que el cambio debía ser gradual, con diferenciación por sectores y con la posibilidad de incentivos fiscales para apoyar a las empresas en su adaptación.
Hasta ahora, sin embargo, las conclusiones de la STPS no se han presentado, el proyecto no se ha hecho público y la iniciativa de reforma tampoco ha llegado al Congreso. El tema pasó del protagonismo del gobierno al silencio.
No obstante, hace unos días empezaron una serie de contradicciones que profundizan la confusión. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados morenistas, aseguró que la reforma se aprobaría en este mismo periodo de sesiones, mientras Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, salió al paso y declaró que el proyecto no está en la agenda inmediata. Por su parte, la Comisión de Trabajo en San Lázaro, presidida también por Morena, decidió continuar el análisis con o sin iniciativa del gobierno federal.
¿Se les habrá hecho bolas el engrudo?
La STPS sigue sin expresarse sobre el tema. De hecho, el proyecto ni siquiera fue mencionado en el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de septiembre.
Una posibilidad es que el diseño técnico de la reforma sea mucho más complejo de lo previsto. Reducir de 48 a 40 horas semanales implica definir un calendario gradual, excepciones para sectores con jornadas extendidas y una estrategia para que las pequeñas y medianas empresas puedan adaptarse sin desaparecer en el camino.
No se trata sólo de mover una cifra en la Constitución o la Ley Federal del Trabajo, sino de reorganizar procesos productivos y financieros de millones de unidades económicas.
La otra posibilidad es que el entorno económico esté pesando más. El arranque del sexenio se ha visto marcado por la imposición de nuevos aranceles desde Estados Unidos, la inflación no está del todo controlada, las expectativas de crecimiento económico para el país no son las más alentadoras y el empleo formal va en declive –sin mencionar el impacto de las reformas de los últimos años, como la regulación del outsourcing, el aumento del salario mínimo y la ampliación de los días de vacaciones–.
En un informe reciente sobre jornadas laborales en América Latina, la OIT ofrece pistas útiles para este dilema. El organismo recuerda que la región sigue atada a las 48 horas semanales, salvo casos como Ecuador, que estableció 40 horas desde hace décadas, y Chile y Colombia, que aprobaron reducciones graduales.
El análisis de la OIT muestra que los beneficios en salud y bienestar de los trabajadores son claros, pero los efectos en productividad y empleo dependen del diseño de la reforma y de las condiciones económicas en que se aplique. En otras palabras, no se trata sólo de voluntad política, sino de planeación y de un contexto que acompañe.
México no es un caso aislado. En países europeos, donde las jornadas rondan entre 35 y 37 horas, las reducciones se dieron de manera progresiva y con acuerdos tripartitos. España, por ejemplo, ensaya planes piloto sectoriales con financiamiento estatal. Chile definió un horizonte de implementación de cinco años con diversos esquemas de aplicación.
De esta manera, la pregunta sigue abierta. ¿El mutismo oficial en México en torno al proyecto se debe a que el gobierno descubrió que el cambio es más complicado de lo que parecía o a que el contexto económico actual obliga a guardar las cartas para después? Quizá sean ambas cosas. Sea cual sea la causa, el reto no es menor, pues la experiencia internacional demuestra que la reducción de jornada no se logra por decreto, sino con acuerdos amplios y políticas complementarias.
