El dilema entre seguridad y privacidad
El crimen organizado ya no solo usa armas de fuego. Ahora utiliza criptomonedas, encriptación y redes anónimas para traficar, extorsionar y lavar dinero sin dejar huella. Ante eso, muchos gobiernos —el mexicano incluido— han optado por reforzar sus capacidades tecnológicas y legales, aunque el costo sea alto: la privacidad ciudadana.
En México, el Congreso aprobó recientemente un paquete de reformas que incluye cambios a las leyes de protección de datos personales, la introducción de la CURP biométrica, ajustes a la Ley de Telecomunicaciones y modificaciones a la Ley Antilavado. En el papel, el objetivo es modernizar al Estado ante cárteles mejor equipados que muchas fiscalías. En el papel, el objetivo es facilitar trámites, apoyar la búsqueda de desaparecidos y combatir la corrupción.
Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el uso de datos biométricos será voluntario y que las intervenciones de comunicaciones requerirán orden judicial. Pero la desaparición del Inai y del IFT —dos órganos autónomos— ha generado inquietud sobre los mecanismos de supervisión. La confianza no se construye solo con declaraciones, sino con instituciones capaces de limitar el poder incluso en situaciones excepcionales.
Y hay razones para esa inquietud. Desde los años 70, el Estado mexicano ha recurrido al espionaje: primero interviniendo llamadas telefónicas y cartas, luego interviniendo correos electrónicos y más tarde usando herramientas como Pegasus. Durante los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, se documentó el uso de este software contra periodistas y defensores de derechos humanos. Hoy sigue en manos del Ejército, y aunque no hay evidencia de nuevos abusos, tampoco hay garantías de que se haya desactivado.
Las nuevas reformas cambian reglas clave. El consentimiento para usar datos personales ahora es tácito. Los avisos de privacidad ya no explican claramente los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de los ciudadanos. Además, plataformas como Llave MX concentran información biométrica sensible sin órganos independientes que vigilen su uso. Una filtración o mal uso tendría efectos devastadores, como lo mostró el caso de la difusión del padrón electoral en 2015.
¿Se necesitan reformas? Sin duda. El crimen organizado exige respuestas legales eficaces. Pero el desafío es hacerlo sin debilitar derechos. La historia muestra que, sin controles firmes, el poder puede desviarse fácilmente. El equilibrio entre seguridad y libertad no se construye solo con intenciones, sino con límites claros. En este punto, no basta con afirmar que no se violarán derechos; se requieren garantías institucionales, auditorías externas, mecanismos de queja y transparencia activa.
El dilema es real: ¿cuánta privacidad estamos dispuestos a ceder para sentirnos más seguros? La respuesta debe partir del reconocimiento de un riesgo doble: por un lado, el crimen organizado; por el otro, la tentación de un Estado sin contrapesos. Defender la privacidad no es obstaculizar la justicia, sino proteger lo que la hace legítima.
Porque sin privacidad, no hay ciudadanía plena, y sin límites al poder, toda herramienta útil puede volverse peligrosa en las manos de funcionarios sin escrúpulos.
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