El capricho del 18
Era 2018, en el periodo inter regnum de Peña y AMLO. Las aerolíneas mexicanas estaban ansiosas por conocer los planes del nuevo gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. En una junta con Alfonso Romo y Javier Jiménez Espriú en el Edificio Omega, en Polanco, durante una soleada tarde de agosto, expusimos con detenimiento las preocupaciones de la industria.
Como director de una cámara que representaba a todas las aerolíneas mexicanas y extranjeras en México, me tocó exponer a Romo y Jiménez Espriú, en una sala de juntas adornada con elegantes esculturas y pinturas de la ahora defenestrada Casa de Bolsa Vector. Ahí, con una presentación en mano, expliqué los pormenores de nuestras preocupaciones. La tensión era palpable, y en el aire flotaba la posibilidad de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco (el llamado NAIM). Dije que el NAIM haría crecer el pastel del negocio del transporte aéreo para todas las aerolíneas, resolvería la saturación aérea y ofrecería a los pasajeros una imagen y experiencia distintas. En suma, México se beneficiaría con una mayor derrama económica y crecimiento. La respuesta fue contundente: no se preocupen; no se cancelará.
Meses después, con una consulta pública amañada como justificación, López Obrador hizo lo impensable: canceló un proyecto generacional por mero capricho. El resultado está a la vista. A cinco años y nueve meses de aquella consulta, los problemas de saturación aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se han resuelto. Los parches implementados por la administración de AMLO (como el Aeropuerto Felipe Ángeles) han sido eso: enmiendas fallidas, fruto de una decisión política, no de una solución técnica de largo plazo.
Ahora, el gobierno de Sheinbaum parece que pagará por esos errores. En un giro inesperado, hace unos días el secretario de Transporte de Estados Unidos acusó a México de violar el acuerdo bilateral en materia aérea entre ambos países, señalando restricciones operativas unilaterales como la obligación impuesta a las aerolíneas de carga de utilizar el Felipe Ángeles, entre otras faltas. El impacto puede ser catastrófico para las aerolíneas mexicanas: suspensión de nuevas rutas, cancelación de vuelos chárter y bloqueo a alianzas como la de Delta y Aeroméxico. El corredor aéreo México–Estados Unidos es el más transitado del mundo. Cualquier disrupción tendría efectos inmediatos en turismo, comercio, empleo y conectividad.
El crecimiento del mercado aéreo bilateral ha sido notable: en 2023, más de 38 millones de pasajeros volaron entre ambos países, con una proyección de 44 millones para 2025. Aerolíneas mexicanas como Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico han ampliado su presencia en rutas clave, mientras que sus contrapartes estadounidenses, American, Delta y United, han reforzado su dominio en destinos turísticos y ciudades fronterizas.
La respuesta del gobierno de Sheinbaum es predecible: se ha alegado violación a la soberanía y se están conformando comités para analizar el tema, lo que difícilmente aliviará el problema. El gobierno de Trump impuso un ultimátum con fecha del 29 de julio; de no haber solución, se intensificará la confrontación.
Las tensiones actuales no son solo técnicas, sino políticas. Washington observa con recelo decisiones unilaterales como las restricciones en el AICM y los privilegios operativos otorgados al AIFA. Ya hay antecedentes: en 2021, México fue degradado a Categoría 2 por la FAA, lo que limitó el crecimiento de las aerolíneas mexicanas.
Parecería que las sanciones siguen la práctica trumpista de amenazar para negociar. Sin embargo, de cumplirse, este nuevo episodio sancionador sería letal para la recuperación de la industria.
Un capricho sigue causando daños.
