Donde reina el caos
El país colombiano parece estar atrapado en una espiral de desorden que amenaza con convertirse en ingobernabilidad. Cada día, los colombianos nos levantamos con la sensación de que nada está funcionando como debería. Y no es una exageración, es una preocupación REAL.
Hoy no hay región del país que no esté sometida a alguna forma de violencia. En Cauca, los ataques de las Disidencias tienen en jaque a las autoridades. En Guaviare las masacres, los atentados y carros bomba son el pan de cada día. En Chocó, las comunidades están confinadas.
En Valle del Cauca, las bandas criminales se disputan el territorio. En Antioquia se cuenta por decenas los ataques a uniformados. Y en Norte de Santander, la guerra por el control tiene sometidas a las comunidades.
La siguiente preocupación son las tensiones con Estados Unidos. Por décadas, Colombia ha sido uno de los aliados estratégicos más estables de Washington en la región. Hoy, ese vínculo atraviesa su peor momento.
El presidente Gustavo Petro ha acusado públicamente a altos funcionarios del gobierno de Trump de estar detrás de un supuesto “golpe de estado”. Ha suspendido extradiciones de narcotraficantes requeridos por cortes estadounidenses, ha preferido ignorar, casi como premio a narcotraficantes, el incremento de cultivos ilícitos y ha optado por acercarse política y económicamente a China. Las consecuencias no se harán esperar: la desertificación es inminente.
En el sector energético, el panorama también es crítico. Voces autorizadas, han advertido que vamos directo a un apagón financiero ¿La razón? El Gobierno ha acumulando deudas millonarias que amenazan la sostenibilidad del sistema. A eso se suma la decisión política, no técnica, de congelar la exploración de petróleo y gas, lo que nos deja sin nuevas fuentes de autosuficiencia energética, sin inversiones futuras, y sin claridad sobre la transición energética.
Y por si fuera poco, el sistema de salud se desmorona. Miles de colombianos están sin medicamentos, sin acceso a tratamientos o citas médicas y las EPS (Entidad Promotora de Salud), que funcionaban bien o a medias, han sido intervenidas en cadena por la Superintendencia, para funcionar mal, peor o simplemente no funcionar. El Ministerio, además, ha evadido su responsabilidad de ajustar la UPC y de girar los presupuestos máximos, asfixiando financieramente al sistema e induciendo, con indolencia, la crisis que a otros sí les duele.
Salud, seguridad, energía, política internacional: todo en caos. Lo más preocupante es que el Gobierno parece decidido a alimentarlo, como si en el desorden encontrara su zona de confort. ¿Se trata de incapacidad o es que en realidad esa es la intención?
