¿Dónde están?

Movilización tras movilización, los reclamos sobre la desaparición de personas en nuestro país no dejan de recordarnos todos los días esa realidad tan dolorosa, que nos lleva a los peores terrenos del horror y la atrocidad humana. Llevamos muchos años tratando de asimilar lo que nos pasa, y no hemos estado a la altura de las circunstancias ni como sociedad, ni como Estado que garantice y proteja la vida de sus ciudadanos. Las cifras solo son un vistazo a un infierno, que, si lo exploráramos con cuidado y con los oídos bien dispuestos, nos dejaría sin aliento. El tamaño del problema de la desaparición forzada de personas en nuestro país desborda cualquier adjetivo que intente representarla.

Más de 121,651 personas están en espera de ser encontradas por sus familias, lo cual es necesario reconocer como una crisis humanitaria. (Registro de Personas Desaparecidas y No Encontradas, 2025).

No han regresado a sus hogares, no las encuentran, nadie las ha visto, y lo peor de todo es que no saben si están sufriendo, si siguen con vida, están encerradas, siendo torturadas o enterradas en alguna fosa. Los días pasan, y más allá de que se estén llevando a cabo reuniones con la Secretaría de Gobernación —seis reuniones al menos con algunos colectivos de buscadoras en el país—, el tiempo apremia, y esto es lo que parece no preocupar mucho a las autoridades. Nadie se opone a que replantear una estrategia de búsqueda y conciliar una reforma a las leyes para atender la problemática es necesario, pero cada sexenio —si es que no se ignora el problema— se vuelve a reiniciar un proceso, que a estas alturas no debería de contar aún con tantas deficiencias y vulnerabilidades, tanto en las medidas de prevención, acompañamiento, gestión jurídica y de operación en campo, para garantizar no solo que el fenómeno de la desaparición no se siga reproduciendo, sino para atender las emergencias históricas y actuales que estamos viviendo en materia de reconocimiento de cuerpos y apoyo a las familias. Homologar recursos y capacidades es el reto, desarrollar verdaderas coordinaciones en los tres niveles de gobierno y, sobre todo, incluir miembros de los colectivos en la conformación de procesos dentro de las instituciones es prioritario.

Así, mientras las reuniones se llevan a cabo, otro horrorismo se desvela, y es a partir del informe de la Universidad de Guadalajara, que dio a conocer hace unos días, sobre la crisis de desaparición de jóvenes entre 15 y 19 años de edad en la entidad. Así, el fenómeno de la desaparición forzada sufre transformaciones drásticas, donde de un año a otro, los objetivos se han vuelto hombres y mujeres jóvenes, que en muchos casos pudieran estar siendo reclutados con engaños para trabajar para la delincuencia organizada. Así, el Mecanismo Estratégico para el Reclutamiento de NNA por grupos delictivos y de la delincuencia organizada, de la Secretaría de Gobernación, informó que en Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México se había detectado mayor número de casos de reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

Así, la desaparición de menores de edad se suma a este infierno donde, de acuerdo con información del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se estimaba que para el 25 de marzo de este año, aproximadamente 28 personas entre 0 y 17 años cada día se reportaban como desaparecidas en el país durante el 2024. Así, desde que existe registro, de 112,579 menores de edad reportados como desaparecidos, faltan por localizar aproximadamente 17,349 al mes de marzo de este año y, lamentablemente, 1,054 menores han sido encontrados sin vida. Esta es la realidad que vivimos, y si no comenzamos a indignarnos, cooperar y exigir más desde nuestras trincheras, la monstruosidad se seguirá reproduciendo. Sumemos esfuerzos, cooperemos más por trabajar como comunidad, apoyémonos más, construyamos alternativas de prevención, acompañamiento… Seamos más solidarios porque ¡lo que le pasa a unos, nos pasa a todos!