Diputados avalan ley de investigación e inteligencia; SSPC tendrá datos biométricos, financieros y telefónicos
La mañana de este jueves, tras 10 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la cual permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tener acceso a más de una veintena de bases de datos personales y biométricos públicos y privados con el fin de realizar tareas de investigación.
En la tercera sesión del periodo extraordinario, Morena y sus aliados, el PT y PVEM, avalaron un dictamen modificado de último momento, con el que se crea la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, reglamentaria del párrafo décimo tercero del artículo 21 de la Constitución Política.
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El documento fue enviado al Senado de la República para su análisis y discusión.
El proyecto, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea crear la Plataforma Central de Inteligencia, la cual estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia, un organismo adscrito a la Secretaría de Seguridad que estará encargado de sistematizar cerca de 22 bases de datos de diferente índole social, entre ellos, registros de salud, financieros y telefónicos.
Así lo marca el artículo 12 de esta nueva ley: “Registros administrativos que contengan datos como los vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia en los términos previstos en la presente Ley”.
Asimismo, se ordena que “las instituciones y entes públicos del Estado mexicano, con independencia de que se dediquen o no a la seguridad pública, deberán tener organizada, clasificada, actualizada, digitalizada y automatizada la información, los registros administrativos, las bases de datos y los sistemas con los que cuenten, de tal forma que, cuando así se requiera para efectos de investigación y persecución de los delitos, pueda ser aprovechada”.
Al tiempo que deja en claro que “las personas particulares que cuenten con bases de información, registros, sistemas o cualquier otra fuente que pueda resultar trascendente, ya sea para obtener indicios, datos de pruebas, o extraer cualquier otro elemento que sirva para fortalecer investigaciones y contribuir a la prevención y persecución de los delitos, deberán colaborar con los órganos del Sistema Nacional para su transmisión, consulta y suministro. El uso y manejo de esta información se realizará observando las reglas de privacidad, confidencialidad, disponibilidad, integridad, reserva, protección y, en su caso, previo control judicial”.
De acuerdo con la ley, los datos, la información y los productos de inteligencia en seguridad pública que se generen, recopilen, compartan, obtengan o utilicen a través del Sistema Nacional y de la Plataforma, “serán empleados, a través del análisis criminal, para prevenir y perseguir los delitos, sobre todo aquellos considerados de alto impacto cometidos por la delincuencia organizada, así como para la protección de los derechos de la población”.
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Mientras que el Sistema Nacional será empleado para realizar funciones, tareas y productos de inteligencia, como son mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como de incidencia delictiva por localidades, municipios, entidades federativas, regiones, zonas prioritarias, de interés estratégico y transnacionales; reportes sobre antecedentes, modos de operación, planes, operaciones comerciales y financieras, estrategias, alianzas y delitos, en particular los de alto impacto cometidos por personas, grupos y organizaciones criminales.
También, estudios e índices de naturaleza social, económica, comercial, política y otros que resulten útiles para identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública; información, documentos, grabaciones, videograbaciones, testimonios y otros insumos que puedan ser aportados como datos de prueba en la investigación y persecución de los delitos, en particular los de alto impacto, con énfasis en homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transporte con violencia y la desaparición de personas, datos que serán recopilados conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Lay espía”
Durante la discusión de este dictamen, diputados del PRI y el PAN, nombraron a este dictamen como la “ley espía”, ya que alertaron que con se abre la puerta para que el Estado vigile a la ciudadanía sin controles judiciales, sacrificando el derecho a la privacidad para recuperar el derecho a la paz.
“Hoy dan un paso más en la construcción de un Estado autoritario, un Estado que todo lo ve, un Estado que todo lo guarda, todo lo cruza a su antojo y lo usa a su antojo con quien se atreva a pensar diferente. El gran Big Brother esta ley fisgón”, señaló Emilio Lara Calderón, del PRI.
De igual forma, el priísta Miguel Alejandro Alonso Reyes aseguró que estas reformas implican “abrir las puertas a criterios políticos, a la transgresión de garantías individuales y supone una grave amenaza a principios esenciales, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“Nos preocupa que se pretende aprobar una legislación que además de debilitar la prevención social del delito se concentren amplias facultades en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, otorgándole potestad de acceder a datos biométricos, telefónicos y personales sin mediar control judicial previo, lo que abre la posibilidad de un uso discrecional de esa información”, dijo.
Mientras que la diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN), sostuvo que “el espionaje va en serio, esto es desnudar la vida de los mexicanos. Dirán que estamos exagerando porque señalamos que nos encontramos bajo un régimen casi totalitario, pues ya están convirtiendo a nuestro sistema político en un Estado que ejercerá un control absoluto y omnipresente sobre todo en los aspectos de la vida pública y privada de sus ciudadanos”.
En el mismo sentido, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) exclamó a Morena que “no vengan a decir ahora que no van a utilizar la ley espía para estar interviniendo los teléfonos, las redes sociales, todas las comunicaciones privadas, para tener de rodillas a todos sus adversarios”.
Por el contrario, Ricardo Sóstenes Mejía, quién fuera subsecretario de seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta ley va a permitir que la Secretaría tenga los instrumentos de inteligencia para ir a perseguir a los criminales.
“Hay que ir a las madrigueras de los criminales, hay que ubicar sus datos de los criminales, hay que emplear todos los recursos tecnológicos para agarrar a esos criminales”, dijo.
“Con qué quieren, hipócritas, que se les combata, con resorteras, por Dios, son criminales y cada día tienen más tecnología y por eso todas las bases de datos tienen que estar interconectados”, aseguró.
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