Diputados aprueban por unanimidad la reforma para combatir la extorsión

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  Política

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Dicha reforma, prioritaria para el gobierno de Sheinbaum Pardo, busca dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general, en la cual se establezca como mínimo, la homogeneización del tipo penal y de sus penas, al considerar al delito de extorsión como de alto impacto, por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado en su conjunto.

En este contexto, se indica que ley general contra la extorsión deberá unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Mientras que en sus artículos transitorios expone que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

También señala que las disposiciones legales de la Federación y los estados en la materia continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Durante la discusión de dicho proyecto, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) defendió que con estos cambios se busca hacer frente a uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana y que tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida personal de muchas personas.

“Es el delito que más ha crecido. Les voy a dar un número. En 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 25 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58% en tan solo 6 años”, advirtió.

Añadió que las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión. Del mismo modo, dijo, la extorsión presencial es la del cobro de piso, deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña está siempre presionada por el delito de cobro de piso.

“Justo esta reforma que dará motivo a la Ley General contra la Extorsión va a atacar este punto principal técnicamente, el bien jurídico a tutelar y ya no será solo patrimonial, sino será un delito que se persiga de oficio”, aseguró.

Por su parte, el diputado César Alejandro Domínguez (PRI), recordó que no es la primera vez que se recurre a leyes generales para tratar de atender delitos de alto impacto, pues ha pasado con casos como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en 2017; la trata de personas con la ley general de 2012; la tortura con una ley general aprobada en 2017 y la ley para la atención a víctimas del 2013.

“Gracias a esas leyes hoy contamos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con unidades especializadas contra la trata, con fiscalías que investigan la tortura y con mecanismos de reparación para las víctimas…La creación de una ley general en materia de extorsión es el paso lógico y urgente para enfrentar este problema, ya que ha adquirido dimensiones que son preocupantes”, subrayó.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN), sostuvo que en 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, equivalente a 5,213 por cada 100 mil habitantes; 71 % de los casos se concentran en el estado de Veracruz, el estado de México, el estado de Nuevo León.

Al tiempo que alertó que existen grandes disparidades en las penas, ya que hay casos como en el estado de Oaxaca donde las penas por este delito es de hasta 3 años, mientras que otra entidad, como Chihuahua, pueden alcanzar los 30 años.

“Es importante también destacar que afecta directamente a empresas, a familias, al comercio local. Y por eso es urgente homologar las penas en todo el país, destacando lamentablemente Nuevo León como uno de los estados con mayor incidencia”, expresó.