Dip. Diego Echeverría impulsa reforma para evitar la revictimización de quienes sufren robo vehicular
MEXICALI, JULIO 30, 2025 – Con el objetivo de evitar la revictimización de quienes han sufrido el robo de su vehículo y de eliminar cargas administrativas que profundizan dicha afectación, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa que propone exentar el pago por la reposición de documentos vehiculares sustraídos junto con el automóvil, tales como tarjeta de circulación, licencia de conducir, placas y la baja del padrón vehicular.
La reforma plantea adicionar el artículo 5 Bis y modificar el artículo 12 de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular, estableciendo que la aplicación de esta medida estará condicionada a la existencia de una denuncia formal ante la autoridad competente, con el objetivo de garantizar que el Estado no imponga requisitos onerosos que agraven la afectación sufrida por las personas.
“Esta acción legislativa responde al grave problema de robo de vehículos en Baja California, entidad que ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de este delito. La afectación no se limita a la pérdida material, sino que se extiende a trámites costosos derivados del robo, como la reposición de documentos sustraídos junto con el vehículo”, advirtió Diego Echevarría
Según la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2025, estos trámites pueden representar un gasto cercano a los $3,000 pesos, incluyendo montos como $803.59 por reposición de licencia, $375.22 por tarjeta de circulación, $1,392.20 por placas de servicio particular, y $375.22 por baja del padrón vehicular.
El congresista del PAN argumentó que estos cobros son injustos y revictimizantes, pues imponen una carga adicional a personas que ya han sido afectadas por la inseguridad. Además, señaló que el impacto presupuestal para el Estado sería mínimo, dado que los derechos fueron pagados previamente en la expedición original de los documentos.
“Con esta reforma, se busca reforzar el compromiso institucional de respaldo a las víctimas y evitar que el Estado se convierta en un segundo agresor mediante disposiciones administrativas que resultan onerosas y carentes de sensibilidad”, subrayó Echevarría Ibarra.
