Dignidad salarial en riesgo sin crecimiento

El gobierno federal ha encontrado en hechos económicos ajenos a su competencia una forma de presumir logros que no son suyos.

Durante los últimos meses ha bajado la presunción del régimen de las remesas porque éstas han disminuido de forma importante. Pero esos recursos enviados por mexicanos que viven en el exterior, básicamente en Estados Unidos, no son un logro gubernamental.

Al contrario, son muestra del fracaso, de gobierno y sociedad, que ha obligado a millones de personas a tener que dejar atrás familia, pertenencias y patria para buscar un sustento.

Otro de los éxitos robados del gobierno son los incrementos al salario mínimo en niveles significativamente más altos que la inflación general.

De entrada, esta iniciativa fue de la Confederación Patronal de la República Mexicana en lo que designaron la Nueva Cultura Laboral. Un esquema que fue asumido políticamente por el expresidente López Obrador que solo asumió la parte de los incrementos sin preocuparse por el aumento en la productividad.

Los salarios los pagan las empresas, en el caso de los mínimos básicamente son empresas micro y pequeñas, y no han recibido a cambio del gobierno incentivos de productividad, ni fiscales, ni en creación de infraestructura, ni en gobernanza.

Uno de los argumentos favoritos es que se ha podido incrementar de forma sostenida el salario mínimo por arriba de los niveles inflacionarios sin generar presiones en los precios.

Más allá de analizar lo que ha sucedido con productos de la canasta básica, es difícil que una economía como la mexicana, que creció apenas 0.8% durante todo el sexenio de López Obrador, pueda tener margen de aumento de los precios.

Aun con las consecuencias que ha tenido en muchas empresas de menor tamaño que se han visto orilladas a la informalidad o al cierre, aun con lo que ha implicado el efecto cascada en otros niveles salariales, el aumento a los salarios mínimos sí ha provocado una diferencia en el nivel de vida de millones de personas.

Sin embargo, la falta de crecimiento económico, la realidad de una economía mayoritariamente informal, la ausencia de incentivos para las empresas de todos tamaños pueden hacer de la continuidad de esta política de incrementos salariales a los mínimos contraproducente.

Era una necesidad económica y moral que millones de personas tuvieran mayor equidad salarial, porque se ha traducido en una mejora tangible en su calidad de vida, es un logro social que pertenece a un esfuerzo del sector privado, pero que corre el riesgo de ser insostenible.

Las empresas asumen incrementos salariales de dos dígitos, sin un acompañamiento gubernamental, con una economía que apenas se expande y que hace cada vez más complicado para muchas de ellas mantenerse operando o en un marco de formalidad.

El siguiente incremento a los salarios mínimos, que rondará 11 o 12%, y que será prácticamente obligado por el gobierno federal tendría que venir acompañado de una agenda de productividad que salve a las empresas formales de menor tamaño en este entorno de muy bajo crecimiento.

La justicia social y la estabilidad empresarial no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. El reto es lograr que la política del salario mínimo deje de ser una simple bandera política y se convierta en un motor de prosperidad.

Los salarios los pagan las empresas, en el caso de los mínimos son Mipymes, y no han recibido a cambio del gobierno incentivos de productividad, ni fiscales, ni en creación de infraestructura, ni en gobernanza.