Desincentivo al crecimiento

El Banco de México, en línea con otros pronósticos de analistas nacionales y extranjeros, redujo las expectativas de crecimiento económico para este y el próximo año. Para 2025 el banco central estima un crecimiento de 0.1% mientras que para el 2026 prevé uno de 0.9%, reducciones significativas respecto de lo que esperaba en su pasado informe trimestral cuando pronosticaba tasas de crecimiento de 0.6 y 1.8% respectivamente.

Es prácticamente un hecho que la economía experimentará este año un estancamiento o, peor, una recesión. Sea uno o lo otro, el PIB por habitante caerá, como también se prevé sucederá el siguiente año. Ocho años que muestran que las decisiones de política pública y de política económica que han tomado los dos gobiernos morenistas no son las que se requieren para impulsar el crecimiento económico; peor aún, el conjunto de estas políticas lo desincentivan. Lo que han hecho es un ejemplo en un libro de texto de qué hacer y cómo hacerlo si el objetivo es hacer fracasar a la economía; vaya que lo han logrado.

A lo largo de su gobierno, López presumió de una austeridad fiscal. Esto, sin embargo, fue falso, ya que la extinción de multimillonarios fondos y fideicomisos y el incremento de siete billones de pesos en el saldo de los requerimientos financieros del sector público deterioró significativamente la posición financiera neta del sector público.

Por otra parte, la decisión de utilizar más de dos y medio billones de pesos para el financiamiento de sus caprichos (AIFA, Dos Bocas, Tren Maya, Ferrocarril del Istmo, Mexicana de Aviación, LitioMex, la adquisición de la salinera en Guerrero Negro), además de que varios de ellos tienen rentabilidad social negativa y, por lo mismo, destruyen riqueza nacional, también son una fuente permanente de pérdidas y de presión fiscal. Aunado a esto, está la errónea política de incrementar significativamente las transferencias a los adultos mayores en un contexto en el cual la población está envejeciendo, a las que hay que agregar otras transferencias de recursos fiscales en diferentes programas: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, becas escolares generalizadas y más. Todas estas transferencias no generan riqueza y sí significan un deterioro en las de por sí estructuralmente débiles finanzas públicas.

Una más fue dejar prácticamente en la inopia y, por lo mismo, sin capacidad de operar a las diferentes dependencias del gobierno federal, destacando las ramas educativas y de salud. Además de quitarle recursos, la elección por parte de López de funcionarios ineptos pero leales se tradujo en un gobierno cada vez más ineficiente, lo que persiste con el gobierno actual.

Otra decisión que afecta negativamente el crecimiento es la política energética. Además de canalizar 1.5 billones de pesos a la quebrada e insalvable Pemex, la política de favorecer a esta empresa y a CFE, discriminando al sector privado, implica imponer presiones adicionales a las finanzas públicas pero, más importante aún, debilita la seguridad energética del país. En particular, las decisiones en el sector eléctrico nacional, además de que no se garantiza una oferta suficiente, también encarecen el fluido eléctrico para las empresas, constituyéndose como un factor que desincentiva la inversión privada.

La decisión más grave, por su impacto negativo sobre la inversión, la asignación de recursos y, en consecuencia, el crecimiento económico es, sin duda, la de destruir el arreglo institucional y socavar la certeza jurídica. La cancelación arbitraria del aeropuerto en Texcoco fue la primera de muchas decisiones que nos alejaron de un íntegro Estado de derecho. A esta le siguieron los “abrazos, no balazos”, que permitió el crecimiento sin parangón del crimen organizado y del no organizado, y la cada vez mayor incidencia de la extorsión a la que se sujetan las empresas e individuos, la creciente corrupción gubernamental, la decisión de debilitar y, posteriormente, eliminar los órganos autónomos del Estado (INAI, Cofece, IFT), la captura del INE y del TRIFE que llevó a otorgarle a Morena y rémoras, violando la Constitución, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para culminar (hasta ahora) con la destrucción del Poder Judicial independiente para crear uno nuevo subordinado al servicio del poder político.

No contar con un Poder Judicial efectivamente independiente e imparcial merma la certeza jurídica que requieren las empresas para invertir, así como para elegir a sus contrapartes (proveedores y clientes) para involucrarse en contratos que, en caso de ser violados total o parcialmente, podrían requerir la intervención del Poder Judicial, del cual se esperaría imparcialidad. Si esta condición no existe, las empresas solo se involucrarán con contrapartes a las cuales consideren “moralmente responsables”, aunque no sean los mejores proveedores o clientes, lo que deriva en una asignación socialmente ineficiente de recursos. Ya no se diga que un Poder Judicial, particularmente la SCJN, que carezca de independencia le permitirá al gobierno actuar sin ningún contrapeso, mermando la libertad y violando los derechos individuales, como el de la propiedad privada.

Ocho años dejan en claro que Morena y crecimiento económico no van de la mano.