Desalojos en la CDMX: entre el respeto a los derechos humanos y la propiedad privada

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Entre muebles, electrodomésticos y ropa sobre las calles, algunas de las personas desalojadas, entre ellas, personas adultas mayores, se organizaron para manifestarse. Mientras que las autoridades han afirmado que las acciones se han llevado a cabo en seguimiento a carpetas de investigación por despojo.

Dada la naturaleza de esta clase de conflictos, en los que se mezcla el derecho a la vivienda de los inquilinos y el derecho a la propiedad de los poseedores legales de los inmuebles, el gobierno de la ciudad ha propuesto crear un protocolo de acción.

“Ha habido desalojos en los que se violentan los derechos humanos y en los que tendríamos que estar más al tanto. Estamos construyendo un protocolo que contiene propuestas de reformas legislativas, para garantizar los derechos humanos en los desalojos de la Ciudad de México”, indicó Brugada.

Un llamado desde el 2019

Desde el 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) remarcó la necesidad de prohibir el desalojo forzoso y generar una política pública de vivienda para las personas desalojadas en situación de vulnerabilidad.

El organismo remarcó que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada en su Artículo 9, apartado E.

Por su parte, la Observación General No. 7 del Comité DESC define el desalojo forzoso como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.

En este sentido, la Comisión refirió que las medidas de protección del derecho a la vivienda no deben interpretarse en detrimento de personas que hayan obtenido una protección judicial de su patrimonio, sino como una acción que les brinda mayor fuerza y legitimidad”.

Con base en datos de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, refiere que, entre el 2010 y el 2015, se produjeron en la ciudad 8.6 desalojos diarios.

En el marco de los diálogos contra la gentrificación en la capital, subrayó que es necesario que la planeación urbana sea también pensada como un instrumento en la disputa por el territorio y vincularla a una perspectiva de los derechos humanos.

“La propiedad privada no genera a las autoridades de planeación las mismas obligaciones que sí generan los derechos humanos”, afirmó el especialista.

Propuestas de acción

Si bien, todavía no se han dado a conocer los detalles de la propuesta en materia de desalojos en la Ciudad de México, el Brugada adelantó los principales puntos:

• Reformas para garantizar que el Poder Judicial informe con anticipación a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México cualquier ejecución de desalojo.
• Realizar mesas conciliatorias entre los ocupantes y los demandantes para evitar el desalojo.
• Invitar a la Comisión de Derechos Humanos para verificar que los desalojos se lleven bajo el protocolo y sin afectar a los inquilinos.
• Revisar la participación de las personas auxiliares/cargadores.

Alternativas para personas desalojadas

En la propuesta del gobierno también se plantea que la Secretaría de Vivienda brinde alternativas para que las familias desalojadas tengan un techo.

Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda de la ciudad, refirió que, para los casos recientes en Tonalá y Cuba, se otorgará un apoyo de más de 4,000 pesos mensuales para el pago de renta, por un primer periodo de seis meses.

Asimismo, en los dos casos se iniciaron gestiones para que el Instituto de Vivienda (INVI), adquiera ambos inmuebles, con la finalidad de generar proyectos en favor de quienes ahí habitaban.

“Desde la primera noche, después de una sesión de diálogo con las personas afectadas, se ha garantizado el alojamiento. Estamos procurando que estén hospedados en algunos hoteles”, comentó Muñoz.