Derechos laborales sin costo: Uber, precios y presión del gobierno
La polémica no se dejó esperar. Apenas dos semanas después del inicio del programa piloto de la reforma laboral para plataformas digitales, Uber anunció un incremento de hasta 7% en el precio de sus viajes. La empresa lo justificó por los nuevos costos derivados de la incorporación de sus repartidores y conductores al régimen de seguridad social.
La reacción del gobierno fue inmediata. Para la Secretaría del Trabajo, el alza fue “unilateral e irresponsable”. La Profeco advirtió que la firma debe informar y obtener el consentimiento expreso de los usuarios. Pero las palabras más claras vinieron de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene por qué pasarle al consumidor final esto… con un cachito que le den al trabajador”.
Eso significa que, para el Ejecutivo, la plataforma tiene la capacidad financiera para absorber los costos de la reforma sin que el usuario lo pague.
Más allá del tono de los comunicados y discursos, el episodio abre un debate de fondo: ¿puede una reforma estructural del mundo del trabajo no tener consecuencias económicas? ¿Es razonable que el Estado impulse una transformación laboral y, al mismo tiempo, exija que las empresas no modifiquen sus precios ni su modelo de operación?
La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Es la primera del sexenio de Sheinbaum en materia laboral y reconoce derechos elementales para quienes prestan servicios mediante plataformas digitales, entre ellos acceso a seguridad social, contrato por escrito, protección frente a accidentes y participación en el reparto de utilidades. A la vez, promete conservar la flexibilidad que caracteriza a este tipo de actividades.
Desde el gobierno, se argumenta que hubo diálogo y compromiso con las plataformas –incluida Uber– para que aceptaran esta transición sin trasladar los costos al consumidor. Pero hoy, cuando esos costos se reflejan en los precios, la narrativa cambia. Y en este punto recae el dilema central de la última semana.
Uber asegura que sigue comprometida con la reforma. Afirma que fue de las primeras en iniciar el registro ante el IMSS y que el ajuste tarifario es legal y proporcional. A su juicio, se trata de una adaptación operativa para no “comprometer la viabilidad del modelo”, no de una represalia ni de un mensaje político. El gobierno, sin embargo, lo interpreta como una ruptura.
El punto es que, en una economía de mercado, los precios reflejan los costos. Cuando una empresa asume nuevas obligaciones –como afiliaciones al IMSS o contratos formales–, es común que traslade, total o parcialmente, esos costos. La pregunta es: ¿qué tan excepcional debe ser el caso de las apps de reparto y viajes?
Si el mensaje que se envía a las empresas es “cumple con la reforma, pero no toques tus precios”, el incentivo para acompañar cambios estructurales será mínimo. La presión pública puede traer ganancias inmediatas, pero también desincentivar transformaciones profundas.
Formalizar el trabajo en plataformas digitales es un paso histórico hacia la justicia laboral. Pero si el costo no lo absorbe el trabajador (como ocurría hasta ahora), ni el consumidor (como se reclama hoy), ni el Estado (que no planea subsidios), la pregunta inevitable es: ¿quién los asume?
La ficción de los derechos laborales sin costo es retórica atractiva, pero económicamente frágil. Y cuando se convierte en mandato, puede debilitar la reforma misma. Cualquiera que ésta sea.
