Debilitar el Estado de derecho
La evidencia histórica es contundente: aquellos países en los cuales los individuos y las organizaciones (empresas, sindicatos, gobiernos, ONG, etcétera) se han desenvuelto e interactuado bajo el paraguas de un sólido Estado de derecho son también los que han alcanzado altos niveles de desarrollo económico.
Los principales componentes de un Estado de derecho son un sistema político democrático, una efectiva división de poderes, la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobernantes y bajos niveles de corrupción, así como una relativamente baja incidencia de delincuencia, tanto en delitos que atentan contra la integridad de las personas como en los de carácter patrimonial.
Además, como parte medular, los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal, además de estar garantizados y protegidos por un poder judicial independiente e imparcial. Los mercados de bienes y servicios, incluyendo los de los factores de la producción, tienden a operar en un contexto de competencia con bajas barreras de entrada y salida de los mercados; así, son países en donde el arreglo económico es uno de economía de mercado. Son países en donde predomina tanto la democracia política como la democracia económica.
Como se puede inferir de lo descrito en los dos párrafos anteriores, México ha carecido históricamente de un sólido Estado de derecho, tanto en el orden político como en el económico. En lo primero, la característica por casi siete décadas fue la de un sistema político cerrado con un partido hegemónico y una farsa de democracia. Asimismo, aunque nominalmente existía la división de poderes, en la realidad tanto el poder legislativo como el judicial estaban subordinados al poder ejecutivo. Estas dos características se modificaron con dos reformas institucionales de fondo durante la presidencia de Ernesto Zedillo: la de 1994, que dotó de independencia al Poder Judicial de la Federación, y la de 1997, que instauró un sistema político democrático.
En lo económico, México se desenvolvió con un arreglo institucional caracterizado por la deficiente definición de los derechos privados de propiedad, con un sistema económico cerrado, con mercados operando bajo arreglos lejanos a la competencia económica, sujetos a altas barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados, y la prevalencia de prácticas monopólicas al amparo del poder político, con un sistema de repartición de rentas administrado por el gobierno.
Este arreglo fue cambiando paulatinamente, primero con la adhesión al GATT en 1986, la apertura unilateral en 1988 y la entrada en vigor de diferentes tratados de libre comercio. Además, se fortalecieron los mecanismos de competencia con la creación de la Comisión de Competencia Económica en 1992 (se le dotó de autonomía constitucional en 2013) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en 1996 (evolucionó como organismo autónomo al Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2013). Entra también, como mecanismo de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, la creación en 2002 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (ganó autonomía constitucional bajo el título de INAI en 2015).
Todos estos cambios iban en la dirección correcta de hacer a México más democrático, tanto en lo político como en lo económico, en camino a la consolidación de un arreglo institucional caracterizado por un mayor Estado de derecho. Esto cambió con la llegada al poder de López, quien inició la demolición de varios de los avances que se habían hecho, misma que ha continuado con la presidenta Sheinbaum.
En lo político destacan, primero, la virtual captura del INE y del TEPJF, que llevó a que le otorgaran a Morena y rémoras, violando la propia Constitución, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Segundo, la aprobación en el Congreso de la llamada “supremacía constitucional”, que impide que cualquier reforma constitucional sea impugnada aunque sea violatoria de los derechos individuales, incluido el de la propiedad, consagrados en la propia Constitución. Tercero, la reforma judicial que, de facto, le quitó la independencia al Poder Judicial de la Federación y lo subordinó al Poder Ejecutivo. Cuarto, las propuestas de reforma a la figura del amparo, mismas que lo debilitan como mecanismo de defensa de los individuos y las empresas ante actos de gobierno que violenten los derechos individuales. Y quinto, la próxima reforma política que eliminaría los diputados y senadores plurinominales, lo que permitiría el regreso a un sistema de partido hegemónico. Todos estos cambios van en el sentido de construir un régimen autoritario en donde nuevamente la democracia sería una farsa.
En lo económico tenemos, primero, la consolidación de prácticas monopólicas en el sector energético, con medidas legales y regulatorias que favorecen a Pemex y a CFE, discriminando a empresas privadas y violentando el T-MEC. Segundo, la desaparición de Cofece y del IFT, que le permite al gobierno regresar a un sistema en el cual se encarga de administrar el reparto de rentas monopólicas, dejando desprotegidos a los consumidores. Tercero, la desaparición del INAI, que le permite al gobierno ocultar actos de corrupción.
En suma, lo que han hecho es debilitar el Estado de derecho y encarecer el proceso de desarrollo económico.
